- Kenneth Madrid cuestionó el juicio político en el Congreso y advierte que se desvió en confrontación política en lugar de analizar las denuncias
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El analista político Kenneth Madrid, cuestionó la forma en que se desarrolló la sesión del jueves, en el Congreso Nacional, señalando que el debate se desvió hacia confrontaciones políticas entre diputados.
A su criterio, el hemiciclo se convirtió en un escenario de “estira y encoge”, donde los congresistas protagonizaron disputas internas, dejando en segundo plano el análisis del caso, particularmente el del exmagistrado Mario Morazán.
Asimismo, lamentó que muchos legisladores aprovecharan el espacio para “sacarse los trapos al sol”, en lugar de concentrarse en los hechos denunciados.
“Muchos diputados no hicieron preguntas, fueron a exponer posiciones políticas, atacarse entre ellos y desnaturalizar el proceso”, criticó.
Llamado a reformar el procedimiento
Madrid también planteó la necesidad de revisar el mecanismo del juicio político en Honduras, con el fin de garantizar mayores condiciones de defensa para los señalados.
En ese sentido, consideró que el procedimiento debe permitir al denunciado exponer sus descargos con evidencia documental y ejercer plenamente su derecho a defensa.
Las declaraciones del analista se producen en medio de un clima de alta polarización política, tras la reciente destitución de autoridades vinculadas a los órganos electorales, lo que mantiene abierto el debate sobre el alcance, la legalidad y el uso del juicio político en el país.
Madrid instó al Congreso Nacional a remitir al Ministerio Público los expedientes de los exfuncionarios destituidos mediante juicio político, señalando que corresponde a esa institución determinar si existe responsabilidad penal.
Un total de cinco exfuncionarios han sido separados de sus cargos a través de este mecanismo: el exfiscal general Johel Zelaya, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, así como los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
Madrid citó el marco legal vigente para sustentar su postura.
“El artículo seis, párrafo segundo de la Ley de Juicio Político le dice al Congreso Nacional que debe testimoniar esas diligencias recabadas y enviarlas al Ministerio Público”, afirmó.
El analista explicó que lo aprobado por el Legislativo se limita a establecer responsabilidades de carácter administrativo, mientras que corresponde al Ministerio Público determinar si hay delitos y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deducir posibles responsabilidades civiles.
