- La nueva disposición ordena centralizar los recursos bajo custodia de la OABI y establece cómo podrán distribuirse entre las instituciones de seguridad y justicia, con excepción del dinero del caso Koriun.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Secretaría de Finanzas (Sefin) tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para trasladar a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) los fondos y activos financieros incautados que permanecen bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), tras la publicación del Decreto Legislativo 269-2026 en el Diario Oficial La Gaceta.
La nueva normativa ordena centralizar los recursos, incluidos depósitos bancarios, títulos valores, intereses, rendimientos financieros e inversiones, mediante transferencias electrónicas u otros mecanismos oficiales, en coordinación con la OABI y las instituciones financieras.
Uno de los aspectos más relevantes es que el traslado podrá ejecutarse incluso cuando todavía no exista una sentencia judicial firme que declare la privación definitiva del dominio o el decomiso de los bienes. Sin embargo, los recursos deberán mantenerse debidamente identificados y sujetos a mecanismos que garanticen su eventual devolución si una resolución judicial favorece a sus propietarios.
El decreto también autoriza a las instituciones beneficiarias a utilizar un procedimiento especial de contratación para adquirir bienes, ejecutar obras y contratar servicios, bajo obligaciones de control, fiscalización y rendición de cuentas.
¿Cómo se distribuirán los fondos incautados?
La disposición complementa el Decreto Legislativo 227-2026, que reformó el artículo 78 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito y autorizó la distribución anticipada de hasta el 100 % de los activos líquidos incautados, siempre que exista autorización del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) y se cumplan los requisitos legales.
El reparto establecido contempla los siguientes porcentajes:
- 25 % para la Secretaría de Defensa.
- 25 % para la Secretaría de Seguridad.
- 15 % para el Ministerio Público.
- 15 % para el Poder Judicial.
- 10 % para la OABI.
- 5 % para la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación.
- 5 % para la Agencia Nacional Contra el Crimen.
La reforma también establece que el Estado deberá garantizar la restitución íntegra de los recursos cuando así lo ordene una autoridad judicial, mediante los mecanismos financieros y presupuestarios correspondientes.
Dinero de Koriun queda excluido
Un punto importante de ambos decretos es que los recursos incautados en el caso Koriun Inversiones quedan expresamente excluidos de este mecanismo de distribución y no podrán ser utilizados por los operadores de justicia.
Con la publicación del Decreto 269-2026, queda establecido el procedimiento para concentrar los activos financieros incautados en la Cuenta Única del Tesoro y facilitar su posterior asignación a las instituciones contempladas en la reforma legal.
La medida introduce un nuevo mecanismo de administración y utilización anticipada de recursos incautados, mientras los procesos judiciales continúan y se mantiene la obligación estatal de garantizar su devolución cuando corresponda.
