- El analista criticó que fuerzas de seguridad participen en el traslado de personas expulsadas de sus viviendas por estructuras criminales y advirtió que Honduras enfrenta una crisis de desplazamiento sin una política efectiva de prevención.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El desplazamiento de familias obligadas a abandonar sus viviendas por amenazas de estructuras del crimen organizado vuelve a generar cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población.
El analista y abogado Luis León criticó el manejo de estos casos y calificó como preocupante que elementos de seguridad terminen participando en el traslado de las familias, en lugar de generar las condiciones necesarias para que puedan permanecer en sus hogares de manera segura.
Sus declaraciones se producen en medio del reciente caso de desplazamiento específicamente en la Colonia Villa Nueva de la capital, donde familias han dejado sus viviendas ante amenazas atribuidas a estructuras criminales.
“El pueblo hondureño se siente vulnerable”
León cuestionó que, pese a los millonarios recursos destinados anualmente a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, los hondureños continúen sintiéndose desprotegidos frente a la violencia.
“Es vergonzoso que, teniendo presupuestos de 11 mil, 12 mil millones de lempiras anuales la Policía Nacional, 11 mil, 14 mil millones de lempiras las Fuerzas Armadas, anualmente el pueblo hondureño se sienta vulnerable”, manifestó.
A su juicio, el problema no radica únicamente en la persecución de los delincuentes, sino también en la ausencia de una estrategia que permita evitar que la violencia continúe reproduciéndose y termine expulsando a las familias de sus comunidades.
Reclama una política de prevención
El analista sostuvo que durante aproximadamente 15 años se ha planteado la necesidad de establecer una política sostenida de prevención de la violencia, pero que esta no habría sido desarrollada de manera efectiva.
“Sí, había que coercionar el delito, sí, había que perseguir al delincuente, sí, había que meterlo a la cárcel, pero también había que evitar que estas cosas siguieran pasando”, señaló.
Según León, la falta de prevención termina dejando al Estado reaccionando cuando el daño ya está hecho: cuando las amenazas se concretan, las familias huyen y las comunidades quedan bajo presión de grupos criminales.
El desplazamiento también golpea a las ciudades
León advirtió que el desplazamiento forzado provocado por la violencia no es un fenómeno exclusivamente rural ni reciente.
Explicó que personas que abandonan municipios y comunidades rurales en busca de seguridad pueden terminar enfrentando nuevamente amenazas en las ciudades a las que llegan.
Mencionó particularmente casos relacionados con el Distrito Central y San Pedro Sula, donde algunas familias que previamente habían salido de zonas rurales terminan trasladándose de una colonia a otra debido a la persecución de estructuras delictivas.
De esta manera, el desplazamiento puede convertirse en un ciclo en el que las víctimas abandonan una comunidad, llegan a otra y posteriormente vuelven a verse obligadas a marcharse.
Amenazas que van más allá de la extorsión
El abogado también señaló que las intimidaciones del crimen organizado no se limitan al cobro de extorsiones.
Según explicó, existen situaciones en las que integrantes de estructuras criminales ejercen presión directa sobre las familias y buscan incluso apropiarse de sus integrantes, generando un nivel de intimidación que termina obligando a las personas a abandonar sus hogares.
Para León, este fenómeno evidencia una pérdida de control territorial que debe ser atendida de manera integral por el Estado.
El debate vuelve así sobre la efectividad de las políticas de seguridad en Honduras y sobre la necesidad de que los recursos destinados a combatir el crimen se traduzcan en protección efectiva para las familias, evitando que sean ellas quienes tengan que abandonar sus casas para mantenerse con vida.
Porque cuando una familia tiene que huir de su propio hogar para sentirse segura, el problema ya no es solamente de delincuencia: es también una crisis de protección y seguridad pública.
