TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El clima electoral en Honduras para las elecciones del próximo domingo ha sido de incertidumbre. Reportes de atentados, amenazas e intimidación contra candidatos y activistas, incluyendo homicidios políticos en meses recientes, acentúan la preocupación por la seguridad e integridad de los comicios, una violencia que ha golpeado incluso a los niños.
Arnol Caled, de cinco años, murió a mediados de este mes de un disparo en la cabeza cuando regresaba con su madre, su abuela y otros familiares de una concentración del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), en la aldea La Cuesta, departamento de Santa Bárbara (oeste). Una niña de catorce años resultó herida.
La madre de Arnol Caled, Rosita Díaz, se quebró en llanto al recordar a su hijo, quien decía que «quería ser policía» y que cuando fuera grande le construiría una casa a su madre y otra a su abuela, Ramona Hernández.
El pequeño murió en brazos de su abuela, en el interior de un vehículo de trabajo de doble cabina.
Murió en brazos de su abuela
El vehículo, al parecer propiedad de una diputada, trasladaba a un nutrido grupo de la familia del niño, incluida su madre, que iba detrás, y otros vecinos que regresaban de noche a su comunidad, el caserío de Río Helado.
Según el relato de la madre a EFE, se escucharon como cinco disparos, sin saber de dónde procedían.
Díaz, ama de casa y recolectora de café, mostró en su humilde casa de adobe, donde vive con su esposo y sus otros cuatro hijos de 20, 18, 15 y 11 años, un carro de juguete que hace dos semanas le compró al menor en el municipio de Santa Bárbara y unas botas de hule para ir a La Cuesta, donde falleció.
A pocos metros de la casa, junto a un árbol, están los restos de la primera bicicleta y un caballito amarillo del menor, quien hace dos semanas había sido matriculado para ir en 2026 a su primer año de educación preparatoria.
Pero el temor en Honduras durante los comicios no se limita a esa violencia puntual, sino que existe además la incertidumbre de la ampliación de un estado de excepción parcial, que rige desde diciembre de 2022 en 226 de los 298 municipios, y que fue extendido el pasado día 12 por 45 días más.
«Honduras se acerca a unas elecciones generales ensartada en un sombrero que ningún país que aspire a llamarse democrático debería tolerar: un proceso electoral bajo estado de excepción», afirmó en redes sociales la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.
Esa prolongada disposición se volvió «norma, rutina, anestesia legal», advirtió.
Temor a un estado de excepción pensado para combatir la violencia
El estado de excepción fue aprobado para reducir la violencia criminal en el país, la que según el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha descendido sustancialmente, algo con lo que discrepan varios sectores que consideran que la medida no dio los resultados esperados.
En 2025, al menos cuatro personas murieron en crímenes asociados a la violencia política, aunque no todos han tenido ese matiz, según Sánchez.
En febrero fueron asesinados dos candidatos a alcaldes del Partido Nacional, en los departamentos de Atlántida y Yoro (norte); en julio, un alcalde del departamento de Intibucá (oeste), también del Partido Nacional, fue asesinado por hombres armados; y en septiembre la víctima mortal fue un candidato a diputado por el departamento de Yoro, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).
A eso se suman otros hechos violentos y amenazas contra activistas y líderes de los tres partidos mayoritarios, Nacional, Liberal y Libre, y las campañas, de más odio que propuestas, de sus candidatos presidenciales.
De las amenazas, incluso de muerte, no han escapado dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), todos de la oposición.
La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Carmen Julia Fajardo, dijo a EFE que la situación de la violencia política «es alarmante» y que «la curva va en ascenso».
La violencia política y simbólica también se ve reflejada en ataques contra mujeres que participan en política, subrayó Fajardo, quien abogó por un mayor fomento del respeto por parte de los políticos.
En las elecciones del domingo más de seis millones de hondureños podrán ejercer el sufragio para escoger al sustituto o sustituta de la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro, además de a los tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Centroamericano.
Con información de EFE
