TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A criterio de la exfiscal, Nilia Ramos, el Estado hondureño se expone a demandas por operaciones que realice la Policía Nacional utilizando la ampliación del estado de excepción, que ya fue publicado en el diario oficial la Gaceta, pero que no está aprobado por el Congreso Nacional.
La togada explicó que “el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros puede aprobarlo en el Consejo de Ministros, pero debe mandarlo al Congreso Nacional para que éste lo modifique, lo apruebe o lo desapruebe”.
Ramos expuso que, si la ampliación la mandaron a La Gaceta, el Congreso Nacional tiene 30 días, según la Constitución de la República, en su Artículo 187, para ver si realmente lo aprueban o lo modifican o lo desaprueban.
Entonces, “la verdad es que estar usando o ejecutando el estado de excepción en este momento yo creo que es ilegal, va a traerle consecuencias al estado porque no ha sido aprobado por el Congreso Nacional”, señaló.
Agregó que “si no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, no lo deben de aplicar”.
La abogada insistió en que “es ilegal” así “como las acciones que a veces hacen ellos también cuando hacen un allanamiento, entran a una vivienda a maltratar, a golpear a las personas y luego a ponerles evidencia para llevarlo a los juzgados correspondientes”
Y ahorita, en este caso, remarcó que, “si lo están aplicando, van a traer consecuencias al Estado de Honduras”.
Ante este escenario, Ramos vaticinó demandas contra el Estado y “yo creo que el pueblo debe de aprender a ejercer sus derechos presentando demandas en caso de ser afectado”.
“Hay mucha gente que ha sido afectada por las diferentes unidades de la Secretaría de Seguridad, por los militares, hasta evidencia les han puesto para llevarlo a los juzgados. Yo creo que eso no se vale. Y si hay un estado de excepción, tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional para que sea aplicado”, detalló.
El Gobierno hondureño anunció la extensión del estado de excepción parcial hasta el 19 de febrero, una medida vigente desde diciembre de 2022 con el objetivo de reducir la violencia.
La medida afecta a 226 de los 298 municipios del país y, según la Policía Nacional, entró en vigor el pasado 5 de enero a las 6:00 de la tarde, con vigencia hasta el 19 de febrero de 2025 a la misma hora.
