Este martes finaliza el plazo de dos meses y medio que habilitó el Gobierno para solicitar la regularización extraordinaria de todos los inmigrantes que viven en España desde antes del pasado 1 de enero sin permiso de residencia y trabajo, siempre que no tengan antecedentes penales.
El periodo para formalizar la solicitud de esta medida, dirigida también a quienes solicitaron asilo antes del pasado 1 de enero, empezó el 16 de abril para la vía telemática y, cuatro días después, en formato presencial a través de más de 400 puntos habilitados entre oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de Correos.
Todavía hoy se puede presentar la solicitud, tanto por la plataforma virtual Mercurio -accesible desde la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- como en persona, para lo que es necesario pedir cita previa.
900.000 peticiones en dos meses
Según los últimos datos confirmados por el Ejecutivo, el pasado 15 de junio ya se habían registrado 900.000 peticiones, de las cuales se habían admitido a trámite unas 360.000, un paso importante que se traduce en una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.
No hay datos de cuántas peticiones se han resuelto ya -el Ejecutivo tiene hasta tres meses para hacerlo- pero algunos ya han recibido su respuesta.
Este mismo martes está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en Madrid el Plan de Integración y Ciudadanía y la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’ en un acto que contará con el testimonio de inmigrantes que han participado en procesos de regularización y será clausurado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Problemas para conseguir parte de la documentación
Las primeras semanas desde la apertura del proceso dejaron imágenes de largas colas a las puertas de servicios municipales y las ONG acreditadas para expedir el certificado de vulnerabilidad, un documento necesario solo en algunos casos, pero a medida que más entidades se registraron para ofrecerlo, el problema se ha resuelto.
Sí han persistido, en cambio, las trabas para personas de algunos países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia a la hora de conseguir el certificado de antecedentes penales, un requisito indispensable para acceder a la medida, aunque el Gobierno ha habilitado la posibilidad de activar la vía diplomática para conseguir este papel, que se pondrá a prueba en las próximas semanas.
Ante estos problemas de acceso, entidades sociales, la plataforma ciudadana que impulsó la medida, Regularización Ya, y partidos como Sumar y Podemos han pedido una prórroga del plazo, algo que el Ejecutivo siempre ha rechazado.
Con información de EFE
