- La exrectora de la UNAH advierte que Honduras sigue atrapada en crisis de empleo, energía, seguridad y salud, mientras cuestiona las medidas gubernamentales y alerta sobre posibles riesgos para las garantías ciudadanas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
“Este país está perdido”. Con esa contundente expresión, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, resumió su valoración sobre la situación nacional al cumplirse nueve meses de gobierno del presidente Nasry Asfura, período en el que, según su análisis, persisten los problemas estructurales y no se observan resultados suficientes para mejorar las condiciones de vida de la población.
En un documento fechado el 27 de octubre de 2026, la socióloga examinó cinco áreas críticas: empleo, crisis energética, inseguridad, garantías ciudadanas y servicios de salud.
Su evaluación plantea que las dificultades históricas del país continúan sin respuestas efectivas, mientras las nuevas decisiones gubernamentales y legislativas generan cuestionamientos.
Empleo sin resultados y una ENEE cada vez más comprometida
Castellanos puso en duda la efectividad de la Ley de Empleo Parcial, al señalar que, de acuerdo con su análisis, la normativa no ha generado ni 200 nuevos puestos de trabajo.
A su juicio, la falta de oportunidades sigue golpeando especialmente a los jóvenes, muchos de los cuales permanecen fuera del sistema educativo y del mercado laboral.
En el sector energético, cuestionó que el congelamiento de las tarifas eléctricas pueda resolver por sí solo la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Según las cifras recogidas en su documento, la estatal ha colocado 13,227 millones de lempiras en bonos para abonar a sus compromisos con los generadores, mientras mantiene saldos pendientes y pérdidas técnicas y no técnicas superiores al 35 % de la producción.
La analista advirtió que recurrir al endeudamiento para cubrir obligaciones no necesariamente corrige las causas estructurales de la crisis y puede trasladar mayores presiones a las finanzas públicas.
Seguridad: más facultades, pero persisten las dudas
Otro de los principales cuestionamientos se dirige a las iniciativas impulsadas en el Congreso Nacional en materia de seguridad. Castellanos considera que perseguir a los operadores criminales resulta insuficiente si no se desmantelan las estructuras de poder y las redes que sostienen las actividades ilícitas.
También expresó preocupación por las medidas que podrían permitir allanamientos y capturas sin orden judicial, al advertir sobre sus posibles consecuencias para las garantías individuales.
En su evaluación, la aprobación de nuevas disposiciones de seguridad evidencia las dificultades de las instituciones responsables de la defensa, la seguridad y la justicia para ofrecer resultados.
Por ello, cuestionó los recursos públicos destinados a estas entidades y la persistencia de los problemas de criminalidad.
La crisis sanitaria deja a miles de hondureños sin atención
En materia de salud, la exrectora criticó la prolongada paralización de labores médicas y sus consecuencias para los pacientes que dependen exclusivamente de los hospitales públicos.
El documento recoge cifras de aproximadamente 1,500 cirugías y 52,000 consultas que quedaron sin atender durante siete semanas de conflicto.
Castellanos advirtió que el impacto recae principalmente sobre las familias de menores ingresos, que no cuentan con recursos para buscar atención en centros privados.
La situación, según su análisis, vuelve a poner en discusión la capacidad de las autoridades para resolver los conflictos del sistema sanitario y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Castellanos exige resultados, no solo anuncios
La socióloga sostiene que Honduras necesita respuestas urgentes para atender a los sectores más vulnerables, pero también políticas públicas de mediano y largo plazo que permitan enfrentar problemas como la pobreza, el desempleo y la inseguridad.
“En democracia, el gobierno además de resolver los problemas tiene que respetar y garantizar los derechos de las personas”, señala el documento, en una advertencia sobre la necesidad de equilibrar las políticas de seguridad con la protección de las libertades ciudadanas.
A nueve meses de la administración de Asfura, el balance de Castellanos plantea un desafío directo para el Gobierno: convertir los anuncios y las decisiones oficiales en resultados verificables para la población.
Su conclusión es severa y refleja su preocupación por el rumbo del país, ante la persistencia de crisis que, a su juicio, continúan sin soluciones de fondo.
