• Tribunal condena a 11 exmiembros de la unidad policial; fueron hallados responsables de allanamiento, tortura, robo agravado y otros delitos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La justicia hondureña declaró culpables este lunes a 11 exagentes de la ya desaparecida Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), acusados de implantar evidencias falsas a dos ciudadanos filipinos para despojarlos de sus bienes durante una operación irregular ocurrida en noviembre de 2023.
La información fue confirmada por el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas, quien explicó que los exfuncionarios policiales fueron encontrados responsables de diversos delitos, aunque no todos fueron condenados por los mismos cargos, por lo que las audiencias de individualización de penas se realizarán en fechas distintas.
El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró culpables a Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio González, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 13 de noviembre de 2023 en una vivienda ubicada en la colonia Real del Puente, en el municipio de Villanueva, Cortés.
Según la acusación fiscal, los agentes ingresaron al inmueble sin una orden judicial válida y cometieron múltiples violaciones a los derechos fundamentales de una de las víctimas, un ciudadano de origen filipino.
Las pesquisas establecieron que durante la operación los agentes habrían sometido a la víctima a actos de tortura, la privaron ilegalmente de su libertad y posteriormente la despojaron de bienes de valor, además de presuntamente fabricar pruebas para justificar su actuación.
Por estos hechos, los exagentes fueron declarados culpables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad cometida por funcionario o empleado público, falsificación de documentos públicos y tortura.
El caso provocó un fuerte impacto en la opinión pública y se convirtió en uno de los procesos más emblemáticos sobre presuntos abusos de autoridad dentro de cuerpos especializados de seguridad.
La condena se produce en un contexto de reestructuración de las fuerzas policiales, luego de que el presidente Nasry Asfura ordenara la cancelación de la Dipampco durante una sesión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). En sustitución de esta unidad, el Gobierno dispuso la creación de una división antiextorsión adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las sentencias contra los exagentes serán dadas a conocer en audiencias posteriores, donde se determinarán las penas correspondientes para cada uno de los condenados.
