• Augusto Aguilar recordó que la Constitución no otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de recibir actas electorales, y llamó a que se limiten a cumplir su función de resguardo, sin interferir en el proceso
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, se pronunció sobre la reciente solicitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, quien pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que el día de las elecciones generales le entregue una copia de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del nivel presidencial.
Para Aguilar, esta solicitud debe manejarse con cautela y en estricto apego a la ley. “No debemos complicarnos, las Fuerzas Armadas que cumplan estrictamente con lo que señala la Constitución”, expresó, al enfatizar que el rol de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad y la custodia del material electoral, no intervenir en el manejo de resultados.
El exmagistrado explicó que la petición del general Hernández no tiene sustento legal, y que cualquier entrega de actas a las Fuerzas Armadas por parte del CNE constituiría una violación a la normativa electoral y constitucional.
“Esa es precisamente una petición, por lo que dependerá de los consejeros si lo conceden o no. Pero la Constitución no le da esa atribución a las FFAA, por lo que si el CNE entrega esas actas, estarían violentando la ley”, advirtió Aguilar.
Recordó además que, según la legislación vigente, las Juntas Receptoras de Votos deben transmitir los resultados de manera simultánea a los partidos políticos, al organismo electoral y a los medios de comunicación, tres horas después del cierre de las urnas.
“De todas maneras, así como está la ley —en la cual nosotros participamos en su redacción— no se necesita que las Juntas Receptoras de Votos entreguen las actas. Las Fuerzas Armadas pueden informarse de los resultados en ese momento”, puntualizó.
La declaración del exmagistrado se suma a una creciente polémica sobre la injerencia militar en el proceso electoral, luego de que diversos sectores cuestionaran la solicitud del general Hernández por considerar que rompe con el principio de independencia y transparencia que debe regir las elecciones.
De acuerdo con la ley, el papel de las Fuerzas Armadas en los comicios se limita a la seguridad, custodia, transporte y resguardo del material electoral, sin acceso directo a la documentación que contiene los resultados.
Cualquier intento de ir más allá de esas funciones podría interpretarse como una intromisión indebida en el proceso democrático.
