- Analistas sostienen que los cambios al sistema electoral deben centrarse en la independencia de los organismos electorales y en normas consistentes que aseguren equidad entre partidos y confianza ciudadana.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Durante un foro televisivo sobre reformas electorales, especialistas en política y derecho electoral analizaron los avances en la búsqueda de consensos en Honduras, destacando que cualquier modificación al sistema debe sustentarse en reglas claras, consistentes y en la autonomía real de las autoridades electorales para garantizar procesos transparentes y equitativos.
El politólogo costarricense Eduardo Núñez, uno de los invitados al programa, señaló que las reformas electorales “tocan la médula de la política”, ya que influyen directamente en la relación entre partidos, autoridades y ciudadanía.
“Lo ideal es contar con reglas electorales claras, ciertas, precisas y razonablemente consistentes, de manera que se garanticen condiciones de equidad y competencia”, afirmó Núñez, subrayando que un aspecto poco discutido es que quienes regulan las reformas —los partidos políticos y las autoridades electorales— son al mismo tiempo los principales sujetos regulados.
El dilema político de las reformas
El especialista explicó que existe un patrón recurrente en América Latina: los partidos en la oposición suelen impulsar reformas electorales, mientras que los partidos que llegan al poder tienden a resistirse a cambios que puedan afectar su posición.
“Cuando los partidos están en la oposición, demandan reformas electorales, pero al llegar al gobierno suelen olvidar esas demandas. Esto refleja cómo las reformas impactan directamente las relaciones de poder”, señaló.
A su juicio, las reformas no solo modifican reglas técnicas, sino que también transforman la interacción entre ciudadanos y representantes electos —diputados, alcaldes o presidentes—, razón por la cual enfrentan resistencias naturales de quienes ejercen el poder.
Modelos de autoridades electorales en la región
Durante su intervención, Núñez expuso los tres principales modelos de organización electoral presentes en América Latina:
- Autoridades en representación de partidos políticos: como ocurre en Honduras y Colombia, donde los partidos participan directamente en la administración electoral.
- Autoridades no partidistas: integradas por ciudadanos independientes sin vínculos partidarios, como en Guatemala, Costa Rica y Panamá.
- Autoridades mixtas: que combinan representantes partidarios y ciudadanos, como en México.
Según el experto, aunque cada modelo tiene ventajas y desafíos, la tendencia internacional apunta hacia organismos autónomos y no partidistas para garantizar mayor independencia y credibilidad.
La autonomía electoral como base de confianza
Núñez destacó que la independencia de los órganos electorales ha sido una pieza clave en los procesos de democratización de América Latina desde finales del siglo XX, ya que permite que el “árbitro electoral” pueda organizar elecciones creíbles, resolver disputas y asegurar la equidad entre competidores.
En el caso de Honduras, señaló que, aunque se han impulsado reformas desde 2001 y ajustes posteriores a la crisis electoral de 2017, la estructura central del sistema electoral no ha sido modificada en su esencia.
“La demanda de ciudadanizar los órganos electorales nacionales, departamentales, municipales y las juntas receptoras de votos tiene sentido y puede fortalecer la confianza ciudadana”, indicó.
Reglas claras para una competencia equitativa
El politólogo insistió en que el objetivo de cualquier reforma debe ser garantizar normas estables que no se adapten a intereses políticos coyunturales y que permitan a ciudadanos y partidos competir en igualdad de condiciones.
“La transparencia, la consistencia de las reglas y la independencia de los organismos electorales son esenciales para la democracia”, afirmó, señalando además que los órganos electorales deben contar con capacidad técnica, autonomía administrativa y suficiente independencia frente a los partidos.
Finalmente, el experto destacó que la experiencia regional demuestra que cuando los organismos electorales dependen excesivamente de los partidos políticos, la percepción de imparcialidad disminuye y la confianza ciudadana se erosiona, por lo que avanzar hacia instituciones autónomas, independientes y no partidistas sigue siendo la principal garantía de elecciones justas y legítimas.
