• El empresario cuestiona que el proyecto nunca tuvo un sustento económico real y solo sirvió como instrumento político, mientras el FMI confirma que no forma parte del acuerdo Stand By.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, arremetió contra el gobierno al calificar la Ley de Justicia Tributaria (LJT) como un “capricho mal estructurado” que terminó fracasando en el ámbito internacional y debilitando la confianza en la política económica del país.
Las declaraciones surgen después de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmara que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no incluyó dicho proyecto dentro de las metas estructurales del acuerdo Stand By, pese a que el gobierno lo promovió como pieza clave de su estrategia financiera.
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Facussé fue contundente: “FMI se desliga y se revela que LJT fue un capricho mal estructurado del gobierno”.
Un instrumento político, no económico
El empresario aseguró que la Ley de Justicia Tributaria fue concebida desde el inicio como una herramienta de confrontación y no como un verdadero instrumento técnico para fortalecer las finanzas públicas.
“Siempre fue un instrumento político y no económico como alegaba el gobierno”, afirmó.
Para Facussé, Honduras necesita con urgencia una reforma tributaria moderna y efectiva, pero que priorice la producción y el crecimiento económico, en lugar de generar desconfianza y ahuyentar la inversión privada.
“El país requiere una reforma que estimule y no una que antagonice la inversión”, puntualizó.
Críticas a la gestión gubernamental
Las declaraciones de Facussé se suman a una creciente ola de cuestionamientos hacia la administración actual, que ha insistido en defender la Ley de Justicia Tributaria pese a las advertencias de diversos sectores productivos y sociales.
El hecho de que el FMI se desligue del proyecto, advierten analistas, pone en entredicho la narrativa oficial y deja en evidencia la improvisación con la que fue concebida.
Mientras el gobierno insiste en justificar el fallido proyecto como parte de su lucha contra la evasión y el privilegio fiscal, voces como la de Facussé recalcan que la verdadera urgencia del país es restaurar la confianza de los inversionistas y diseñar políticas económicas que generen empleo, crecimiento y estabilidad.
