- El ministro Emilio Hércules solicitó a la presidenta de la CSJ, Rebeca Lizette Ráquel Obando, garantizar el cumplimiento del artículo 313 del Presupuesto para evitar riesgos en el pago de servicios esenciales del Estado.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, envió una carta oficial a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, en la que solicita el estricto cumplimiento del artículo 313 del Presupuesto General de la República ante los constantes embargos judiciales millonarios que, según advirtió, están afectando la operatividad financiera del Estado.
En el documento, el funcionario expresó su preocupación por los débitos diarios y sistemáticos que se realizan directamente sobre la Cuenta Única del Tesoro, una práctica que —aseguró— pone en riesgo el pago oportuno de servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad.
Hércules recordó que, conforme al Decreto Legislativo No. 04-2025, vigente por prórroga presupuestaria, el pago de sentencias judiciales firmes debe efectuarse exclusivamente a través de la Tesorería General de la República (TGR) y no mediante embargos directos a las cuentas estatales.
“El artículo 313 es claro: la Secretaría de Finanzas, a través de la TGR, garantiza el pago de sentencias firmes, ajustándose a la disponibilidad presupuestaria de cada institución demandada, sin afectar el pago de deuda pública, salarios ni la función operativa del Estado”, señala la comunicación oficial enviada a la Corte Suprema.
El titular de Finanzas subrayó que, cuando existan órdenes judiciales de embargo, los juzgados deben remitir directamente los oficios o las sentencias firmes a la Tesorería General de la República, evitando la ejecución automática de cobros contra la Cuenta Única del Tesoro.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento de este procedimiento podría conllevar sanciones, ya que el mismo decreto establece multas que oscilan entre tres y treinta salarios mínimos para quienes no acaten lo dispuesto en la normativa vigente.
Finalmente, el ministro destacó que el respeto a este mecanismo es clave para garantizar una gestión pública eficiente, transparente y responsable, y para evitar que los embargos judiciales comprometan la estabilidad financiera del Estado y el financiamiento de programas que benefician directamente a miles de familias hondureñas.
