- El Ministerio Público investiga la entrega tardía de material electoral en las primarias y solicita documentación urgente sobre oficiales señalados, sanciones militares y posibles irregularidades en la distribución de maletas electorales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Fiscalía Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público requirió formalmente al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Héctor Benjamín Valerio Ardón, remitir con carácter urgente documentación certificada relacionada con la investigación por la entrega tardía de material electoral durante las elecciones primarias de 2025.
La solicitud fue emitida mediante el oficio 242-2026, fechado el 18 de mayo de 2026, en el marco de una denuncia por “Otros Delitos Electorales” en perjuicio de la Constitución de la República.
En el documento, la Fiscalía solicitó copia certificada de toda la documentación de soporte y descargo correspondiente al expediente No. 1332/372, relacionado con las rutas 1 y 5 del Distrito Central, donde se registraron retrasos en la distribución de maletas electorales el pasado 9 de marzo de 2025.
Además, el Ministerio Público pidió a las Fuerzas Armadas detallar cuáles fueron las sanciones aplicadas a cada uno de los oficiales investigados por los incidentes, si dichas medidas disciplinarias fueron cumplidas o impugnadas y cuál fue la resolución en caso de haberse presentado recursos.
La Fiscalía también requirió información sobre el procedimiento interno que siguen las Fuerzas Armadas una vez que se emiten recomendaciones de sanciones de índole militar.
El requerimiento fiscal se fundamenta en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público y en el artículo 147 del Código Procesal Penal, disposiciones que establecen la obligación de colaborar con las investigaciones judiciales.
Investigaciones internas tras el escándalo electoral
Luego de los incidentes ocurridos durante las elecciones primarias de marzo de 2025, la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y la Inspectoría General del Ejército iniciaron investigaciones separadas sobre el manejo y distribución del material electoral.
Según información conocida públicamente, uno de los informes responsabilizó al general Nahún Canales Cruz, quien fungía como comandante del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas, recomendando relevarlo de sus funciones como supervisor de la distribución electoral.
Otra investigación elaborada por la Inspectoría General del Ejército señaló a Nicolás Edulfo Serrano Benítez, comandante del Comando de Operaciones Especiales, y a Alan Barahona Rosales, entonces comandante del Primer Batallón, quienes tenían responsabilidades directas en la distribución del material electoral en Francisco Morazán y el Distrito Central.
De acuerdo con fuentes militares citadas en la investigación, el informe también recomendó relevar a ambos coroneles y someter a tribunal de honor a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona.
Las mismas fuentes aseguraron que estos oficiales aparecían en videos y fotografías relacionadas con la retención de autobuses y maletas electorales en distintos puntos de la capital, hechos que generaron fuertes cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia del proceso electoral.
Señalamientos de presunto sabotaje
En medio de las investigaciones, fuentes militares consultadas señalaron que posteriormente se habrían incorporado otros elementos al informe original para justificar los retrasos registrados el día de las elecciones.
Entre las explicaciones añadidas figuran la impresión tardía de papeletas, retrasos en el proceso de maquilación del material electoral, ausencia de custodios electorales, falta de personal civil para cargar maletas y el cambio de camiones a autobuses de ruta para realizar el traslado.
Sin embargo, algunas de las fuentes cuestionaron esas versiones y sostuvieron que varias de esas explicaciones no reflejan con exactitud lo ocurrido durante la distribución del material electoral.
Oficiales críticos de la actual línea de mando militar también han mencionado a otros altos mandos como presuntos responsables de entorpecer el proceso electoral, en medio de crecientes señalamientos sobre un posible sabotaje interno.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, que ahora busca determinar qué acciones disciplinarias fueron adoptadas por las Fuerzas Armadas, si estas se ejecutaron efectivamente y si existieron impugnaciones dentro del procedimiento militar.
