TEGUCIGALPA, HONDURAS.
No es delito que los diputados tengan la opción de apoyar a sus comunidades, respaldó el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, sobre la pretensión del Fondo Social Comunitario.
“No es delito que los diputados tengamos opción de apoyar nuestras comunidades, a las enormes solicitudes y demandas a las que somos sometidos, tenemos compromisos en todos los departamentos”, dijo Zelaya.
Sobre las versiones que el Fondo Comunitario es un nuevo Fondo Departamental, indicó que este último ha sido satanizado y malinterpretado en los últimos tiempos.
Zelaya reveló que los congresistas tienen compromisos en las comunidades, quienes permanentemente piden apoyo al Poder Legislativo.
El secretario del Congreso Nacional señaló que el mecanismo del Fondo Comunitario debe ser de lo más sencillo en la que la gestión de solicitud es aprobada en el Poder Legislativo y darle la ayuda a nombre del patronato, una junta de agua o cualquier organización.
El diputado no debe tocar el dinero solo debe ser el gestor y un facilitador para que la ayuda llegue a la comunidad para diferentes actividades, aseveró.
Enfatizó que el Fondo Comunitario debe ser transparente y público, la comunidad certifique y haya un finiquito para que se liquide los fondos.
Fondo Social Departamental
En Honduras, a los diputados se les permite gestionar proyectos sociales, esto a través de la figura del Fondo Departamental, y, aunque durante esta legislatura no se aprobó ninguna asignación presupuestaria en ese concepto, después de la ampliación del presupuesto general de ingresos y egresos, aprobada por la Secretaría de Finanzas, sí está contemplada la gestión de proyectos por parte de los legisladores, pero ahora bajo el argumento de que los fondos no serán administrados directamente por ellos, sino que por el Poder Ejecutivo.
El presidente del Legislativo, Luis Redondo, dijo el 19 de abril de 2022 que, desde que asumió, su intención ha sido someter a votación del pleno de diputadas y diputados la derogación del decreto 116-2019, un blindaje a medida de los diputados que han malversado el dinero proveniente del Fondo Departamental, pero que todavía no podía realizarlo debido a que solo contaba, en ese momento, con la voluntad de 84 legisladores, cuando la derogación requiere de la mayoría calificada, es decir, 86 votos.
A meses de ello, continúa sin conseguir esas dos voluntades que, según él, hacen falta.
El 27 de mayo, bajo decreto legislativo 67-2022, se concretó el otorgamiento de un estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), que, a pesar del teórico fortalecimiento, continúa maniatada sobre todo por la vigencia del decreto 116-2019 y de otras leyes aprobadas durante el Congreso que presidió Mauricio Oliva.
A pesar de ese supuesto estatus especial, que en esencia le permite a la unidad fiscal en cuestión llevar a cabo el ejercicio de acción penal sin la previa autorización del fiscal general, el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, continúa implorando a las diputadas y a los diputados que eliminen el decreto 116-2019, que le impide a la unidad fiscal que él dirige ejercer acción penal en contra de un legislador acusado por corrupción, sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no haya concluido una investigación por indicios de responsabilidad penal y una auditoría especial a los fondos administrados por la persona investigada.
El 1 de septiembre, una jueza, argumentando la vigencia del decreto 116-2019, dictó sobreseimiento definitivo para el diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani, contra quien la Uferco había presentado una acusación por delitos de fraude y lavado de activos. También se sobreseyó provisional y definitivamente a los también exdiputados nacionalistas Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Díaz y Rodimiro Mejía, así como a otras siete personas que, a través de dos oenegés fantasmas, desviaron 18 millones 950 mil lempiras (772 mil 523 dólares) entre 2013 y 2017.
