TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En medio de la conmoción y el dolor por su trágica muerte, familiares de la joven Ana Lizeth Hernández realizaron una protesta en la carretera CA-5 norte, como medida de presión para que se le haga la autopsia respectiva, ante la sospecha de que la joven habría sido asesinada por su pareja.
Luego de varias horas de mantener paralizado el tránsito en el tramo carretero, finalmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una orden para que el cadáver fuera sometido a una autopsia este viernes a primera hora.
No obstante, pese a la orden judicial y el llamado de los familiares, empleados de Medicina Forense se han negado a llevar a cabo este proceso debido a que consideran que esto sería algo “indigno” en medio de las protestas que se realizan en el Ministerio Público exigiendo un aumento salarial.
“Sería indigno que compañeros en lucha nacional tengan que hacer algo que otros allá afuera dicen que pueden hacer, que tienen personal capacitado, de hecho, dicen poseer de recursos que podrían utilizarlos en solucionar nuestra problemática”, señaló Victor Marín Paz, presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras.
Además, Paz indicó que los familiares pueden llevarse el cadáver y que incluso ya se nombró un médico, sin embargo, aún no le han designado un lugar para realizar la autopsia.
Asimismo, Marín, representando a los empleados del Ministerio Público, manifestó que no claudicarán en su lucha y continuarán con sus exigencias.
Mientras que en el Ministerio Público no puede realizarse la autopsia debido a las protestas de los empleados, familiares de Ana Hernández lamentan que hasta esta hora siguen sin entregarles su cuerpo.
Gobierno condena huelga y da ultimátum para resolver crisis
Ante la problemática que ha paralizado por varias semanas las labores del Ministerio Público, el gobierno condenó la huelga realizada por fiscales y médicos forenses que exigen un aumento salarial.
A través de un comunicado, desde el Poder Ejecutivo catalogaron de “indolente e insensible” la actitud de los funcionarios de la Fiscalía, haciendo un llamado a entablar un diálogo con el fiscal general, Óscar Chinchilla, y fijando un ultimátum para solventar la crisis.
“El gobierno de la República condena enérgicamente la actitud indolente e insensible, irracional y de grave perjuicio, adoptada por funcionarios del Ministerio Público, fiscales y médicos forenses que integrando un ente de seguridad nacional…han paralizado sus funciones”, comienza diciendo el texto.
Además, el gobierno cuestiona las demandas que vienen desde el Ministerio Público, señalando que a pesar de la “crítica situación económica” ostentan salarios que en algunos casos llegan hasta los 240 mil lempiras mensuales.
“En un claro enfrentamiento han paralizado sus funciones legales argumentando bajos salarios cuando más de 702 personas de su nómina de empleados ganan salarios superiores a 33 mil lempiras, y más de 471 funcionarios ganan arriba de 53 mil lempiras llegando hasta 240 mil lempiras mensuales”, añade.
Plazo
El gobierno también fijó un plazo para que los diferentes empleados que se encuentran en huelga retomen sus labores y de paso inicien un proceso de diálogo con el fiscal general, Óscar Chinchilla.
“Inicien por medio del fiscal general un diálogo y la deducción de responsabilidades a los funcionarios que, sin ninguna conciencia, y a sabiendas de la crítica situación económica de las finanzas del Estados, han abandonado sus funciones afectando a miles de personas”, resalta.
El Ejecutivo condenó los hechos violentos que se han registrado en el país y lamentó que no se hayan realizado autopsias en los diferentes casos, entre ellos el de la joven Ana Hernández Cantillano.
De igual forma, el gobierno adelantó que a partir de este viernes asegurará las instalaciones fiscales y de Medicina Forense amparándose en la ley.
