- El hecho, calificado como inédito en Honduras, generó indignación entre periodistas y defensores de derechos, quienes advierten que amenaza el derecho ciudadano a informarse sobre asuntos de interés público.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un episodio inédito y alarmante para la libertad de prensa en Honduras encendió las alertas en el gremio periodístico, luego de que un funcionario municipal intentara condicionar una entrevista a la firma de una declaración jurada.
El caso involucra al abogado Jonathan Cardona, director de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados de la Municipalidad de San Pedro Sula (DIRSSE), quien redactó un documento legal y solicitó a la periodista Lisseth García, de Diario La Prensa, que lo firmara como requisito previo para brindarle una entrevista.
La conversación había sido pactada para que Cardona informara sobre la problemática de la recolección de basura en la central de abastos y la contratación de unas veinte empresas privadas para el manejo de desechos sólidos, pese a que en la ciudad ya existe un contrato de concesión vigente.
Críticas y condena del gremio
El intento de condicionar el acceso a la información generó un rechazo contundente. La periodista Thelma Mejía calificó el hecho como “un grave precedente para la libertad de expresión, de información y de acceso a la información pública. Condenable”.
En la misma línea, la periodista de Radio Progreso, Sandra Maribel Sánchez, cuestionó con dureza: “¿De dónde sacaron a este cretino que dice ser funcionario público, pero exhibe total ignorancia de lo que significan el acceso a la información pública y la libertad de expresión para la vida en democracia?”.
El suceso es considerado sin precedentes en Honduras y ha encendido las alarmas sobre las restricciones que algunos funcionarios pretenden imponer al derecho ciudadano de informarse sobre temas de interés público.
Un contexto de hostilidad hacia la prensa
Este hecho se suma a un clima regional adverso para los comunicadores. La Red de Periodistas de Centroamérica advirtió recientemente sobre un ambiente de hostilidad y criminalización contra la prensa, caracterizado por campañas de desprestigio, discursos de odio, persecuciones judiciales e incluso asesinatos. Organizaciones nacionales e internacionales han coincidido en que la libertad de prensa en Honduras enfrenta serias amenazas.
El intento del funcionario sampedrano no solo representa un abuso de poder, sino también un recordatorio de los desafíos que enfrenta la prensa hondureña en su lucha por garantizar el derecho ciudadano a la información en una democracia que debería ser más transparente.
