- La directora del CNA cuestiona las medidas oficiales frente a la escasez de agua y advierte que las alertas y declaratorias de emergencia no bastan para enfrentar un problema que considera estructural.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, lanzó fuertes cuestionamientos contra la respuesta del Estado ante la crisis de sequía que afecta a decenas de municipios de Honduras, particularmente en las zonas del Corredor Seco.
En un artículo de opinión titulado “Un país sediento de soluciones”, Castellanos señaló una presunta “negligencia política” frente a una problemática que, a su juicio, no puede explicarse únicamente por la falta de lluvias o los efectos del cambio climático.
Castellanos advirtió que mientras las temperaturas golpean los campos y reducen la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, la respuesta oficial continúa concentrándose en declaratorias de emergencia, alertas y medidas paliativas que no atacan las causas profundas del problema.
A criterio de Castellanos, existe el riesgo de que las alertas por sequía terminen convirtiéndose en un “ritual burocrático” si no son acompañadas de acciones concretas y políticas públicas de largo plazo.
Cuestiona deforestación y modelo de desarrollo
Castellanos sostuvo que la vulnerabilidad de las comunidades también está relacionada con décadas de deforestación, políticas extractivas y un modelo de desarrollo que, según su análisis, ha profundizado las dificultades de las poblaciones campesinas e indígenas.
Mientras tanto, familias que dependen de la agricultura enfrentan la pérdida de sus cultivos de maíz y frijol, productos esenciales para su alimentación y subsistencia.
También alertó sobre la creciente presión sobre los recursos hídricos y cuestionó el impacto de los monocultivos y proyectos extractivos, al considerar que contribuyen a dificultar el acceso al agua.
“Apagar fuegos” frente a un problema estructural
La directora del CNA también criticó que las acciones estatales se concentren en atender las consecuencias inmediatas de la sequía, como la entrega de alimentos a las familias afectadas.
Aunque estas medidas pueden representar un alivio temporal, consideró que no constituyen una solución sostenible para las comunidades que año tras año enfrentan períodos prolongados de escasez.
“Es apagar fuegos sin sofocar el incendio estructural que devora al país”, planteó Castellanos en su análisis.
Asimismo, cuestionó la capacidad y voluntad del poder político para implementar políticas integrales que permitan reducir la vulnerabilidad climática, proteger las fuentes de agua y garantizar la seguridad alimentaria.
Exige transparencia y responsabilidades
Castellanos llamó además a revisar el destino de los recursos destinados a infraestructura, prevención y mitigación de los efectos de la sequía, y exigió transparencia en su administración.
También pidió establecer responsabilidades frente a quienes deterioren el medio ambiente y comprometan los recursos naturales de las futuras generaciones.
Para la directora del CNA, la lucha contra la sequía trasciende la emergencia climática y se convierte también en un problema político, debido a las decisiones que se toman sobre el uso de los recursos naturales y la atención de las comunidades más vulnerables.
Su advertencia es clara: Honduras no puede continuar tratando la sequía como una fatalidad inevitable ni limitarse a reaccionar cuando la emergencia ya golpeó a las familias. A su juicio, el país necesita soluciones de fondo para garantizar el acceso al agua y proteger los medios de vida de miles de hondureños.
