TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La comunidad garífuna de Honduras sufre una «horrible persecución» y el desplazamiento de sus territorios ancestrales ante el incumplimiento del Estado de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), denunció en una entrevista con EFE la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.
“La única respuesta que ha habido de este Gobierno es llegar a desplazar a las comunidades, hacer una horrible persecución”, afirmó Miranda, quien criticó la falta de apertura al diálogo del Ejecutivo que preside Nasry ‘Tito’ Asfura para abordar la crisis territorial.
Los garífunas de Honduras son una comunidad afrodescendiente llegada desde San Vicente en 1797, asentada sobre todo en la costa caribeña en decenas de comunidades que reclaman el respeto a sus tierras ancestrales, derechos y mejores condiciones de vida.
La líder afrodescendiente hizo la denuncia desde un campamento instalado el pasado lunes frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa, donde unas 200 personas han levantado tiendas de campaña y una cocina comunitaria para mantener la protesta de forma indefinida.
Exigen diálogo y el fin de la desprotección
Miranda explicó que la movilización exige al Estado el cumplimiento de cuatro sentencias de la CorteIDH sobre la restitución de sus tierras tradicionales, así como una respuesta efectiva ante los constantes conflictos territoriales.
“Si quieren cumplir la sentencia y abrir el diálogo, tienen que llamar a las instancias y a las comunidades”, subrayó la activista, tras confirmar «la desaparición» de la comisión de seguimiento al cumplimiento de las sentencias creada por la expresidenta Xiomara Castro, cuyo mandato concluyó el pasado 27 de enero.
Honduras acumula cuatro condenas del tribunal interamericano por violar los derechos comunitarios garífunas en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026), fallos que exigen la restitución de tierras ancestrales, la consulta previa y el cese de la desprotección estatal.
La coordinadora de la Ofraneh señaló que, aunque el Gobierno ha manifestado públicamente su disposición a dialogar, las comunidades no han sido convocadas para acordar las medidas necesarias para cumplir las resoluciones internacionales.
“En el momento en el que hay una sentencia en cualquier país, lo que debe hacer el Estado es sentarse con las personas afectadas, iniciar el diálogo”, sostuvo.
Según apuntes históricos, los primeros negros llegaron a Honduras concretamente el 12 de abril de 1797, como esclavos traídos de la isla de San Vicente, y se asentaron en la comunidad de Punta Gorda, en la isla de Roatán, en el Caribe hondureño, y luego se dispersaron a lo largo de toda la costa.
Violencia en los territorios ancestrales
Miranda denunció también las agresiones contra la población garífuna y condenó el «brutal desalojo» de al menos medio centenar de personas en la comunidad de San Juan, en el Caribe hondureño, un operativo en el que participaron más de 300 agentes policiales.
Según la Ofraneh, la Policía Nacional ejecutó el desalojo de «forma violenta y sin orden judicial», deteniendo a cinco defensores del territorio que posteriormente quedaron en libertad.
Las fuerzas de seguridad justificaron la operación como el cumplimiento de una orden de desocupación de una propiedad privada, amparada en la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, aprobada por el Parlamento en junio pasado.
Los activistas están acusados de usurpación agravada y su caso fue remitido a un juzgado especializado en criminalidad organizada. Miranda consideró esta medida «una criminalización» de la defensa de sus tierras y exigió el cierre definitivo de la causa penal por considerarla «ilegal y arbitraria».
La dirigente lamentó que la intervención policial ocurriera a pesar de que la comunidad San Juan cuenta con un fallo protector de la CorteIDH y tras la reciente aprobación de esa ley para el sector agroindustrial que, en teoría, garantiza la intangibilidad de los territorios ancestrales.
“Si es un Estado de derecho, que apliquen la justicia. Nosotros no debemos nada; queremos más bien que nos reconozcan lo que nos pertenece como pueblo garífuna”, subrayó Miranda.
Con información de EFE
