• Decisión del gobierno de Nasry Asfura sacude el escenario institucional y pone en suspenso el futuro del exfiscal, designado magistrado hasta 2027
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
Un movimiento que redefine el tablero institucional del país ha dejado a una de sus figuras más controvertidas en una encrucijada.
El exfiscal general Óscar Chinchilla ha quedado en una especie de limbo tras la decisión del gobierno de Nasry Asfura de retirar a Honduras del convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
La determinación, anunciada el pasado jueves por la Cancillería, tomó por sorpresa al exfuncionario, quien había sido designado como magistrado vicepresidente del organismo regional para un período que se extendía hasta 2027.
Su nombramiento representaba una continuidad en el ámbito jurídico internacional tras su salida del país en 2024, pero ahora su rol queda en suspenso ante la desvinculación de Honduras del tribunal.
Desde su salida, Chinchilla ha mantenido un perfil bajo, sin presencia activa en medios ni redes sociales, lo que ha alimentado la incertidumbre en torno a sus movimientos y decisiones.
Sin embargo, este nuevo escenario lo coloca frente a una disyuntiva compleja: regresar a Honduras, donde su figura continúa generando polémica, o permanecer en el extranjero buscando nuevas oportunidades en el ámbito internacional.
La salida del país de la CCJ, según explicó la Cancillería, responde al ejercicio de la soberanía nacional y al derecho internacional.
Las autoridades argumentaron que el organismo “operaba únicamente con dos Estados Parte”, lo que debilitaba su carácter multilateral, su representatividad y su funcionamiento efectivo.
Además del impacto político y jurídico, el Ejecutivo destacó el componente económico de la decisión. Honduras dejará de destinar más de 720 mil dólares anuales al sostenimiento del organismo, fondos que —según el gobierno— serán redirigidos a “prioridades ciudadanas”.
Este retiro se enmarca dentro de la Agenda Presidencial 2026-2030, una hoja de ruta que apuesta por el reordenamiento institucional y el saneamiento de las finanzas públicas como pilares de la gestión de Asfura.
No es la primera vez que Honduras toma distancia de la CCJ. El país formó parte del convenio desde 1992, se retiró en 2004 y posteriormente se reincorporó en 2006.
Sin embargo, la decisión actual reabre el debate sobre el papel de Honduras en los organismos regionales y las implicaciones de estas salidas en su política exterior.
Mientras tanto, el caso de Óscar Chinchilla se convierte en un reflejo de los efectos colaterales de las decisiones de Estado: un exfuncionario cuya gestión fue fuertemente cuestionada en el país y que ahora enfrenta un futuro incierto, condicionado por factores políticos, personales y por un contexto nacional en constante reconfiguración.
