• Decreto PCM 38-2025 autoriza a Finanzas a recentralizar recursos ociosos ante un faltante que supera los L20 mil millones y una Tesorería operando al límite
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Gobierno de Honduras reconoció de forma implícita una crisis severa de liquidez al emitir el Decreto Ejecutivo PCM 38-2025, mediante el cual ordena a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) recuperar y reintegrar a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) todos los saldos no utilizados que mantienen las instituciones públicas, con el objetivo de cubrir obligaciones urgentes del Estado.
El decreto, publicado en La Gaceta, faculta al Ejecutivo a recentralizar la liquidez pública en un contexto marcado por embargos judiciales, rescates financieros, préstamos bloqueados en el Congreso Nacional y crecientes presiones extraordinarias sobre la caja fiscal.
Un diagnóstico que revela un faltante millonario
Según el CONSIDERANDO 9 del PCM 38-2025, el Estado enfrenta un desbalance financiero que supera los 20 mil millones de lempiras, resultado de factores acumulados durante el ejercicio fiscal. Entre los principales se detallan:
• Más de L4,000 millones en embargos judiciales ejecutados directamente contra la CUT.
• L8,197 millones en préstamos de apoyo presupuestario no aprobados por el Congreso Nacional.
• Más de L6,700 millones destinados al rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
• L431 millones que la Empresa Nacional Portuaria dejó de transferir por incumplimientos de una operadora privada.
• Más de L2,500 millones en transferencias municipales atrasadas.
A este panorama se suman gastos extraordinarios derivados de la crisis migratoria, la atención de emergencias climáticas y otros compromisos no cuantificados, que han reducido drásticamente el margen de maniobra fiscal del Gobierno, según el CONSIDERANDO 10 del decreto.
Autorización para “vaciar” cuentas no comprometidas
El PCM 38-2025 autoriza a SEFIN a reintegrar a la Tesorería todos los recursos financieros no utilizados que se encuentren en cuentas bancarias, subcuentas y libretas de instituciones del sector público no financiero, siempre que dichos fondos no estén comprometidos en obligaciones legales, contractuales o ya devengadas.
El ARTÍCULO 4 define estos recursos como los saldos existentes en cuentas aperturadas en el Banco Central de Honduras (BCH), en la banca nacional y dentro de la CUT, financiados con recursos del Tesoro Nacional o con recursos propios de las instituciones.
En los hechos, la medida consolida la liquidez bajo control directo del Ejecutivo, permitiendo a la Tesorería disponer de fondos dispersos para enfrentar compromisos inmediatos.
Destino prioritario de los recursos
De acuerdo con el ARTÍCULO 3 del decreto, los fondos que regresen a la CUT deberán destinarse prioritariamente a:
• Infraestructura vial estratégica.
• Construcción, ampliación y equipamiento de hospitales.
• Compra de medicamentos e insumos médicos esenciales.
El Ejecutivo sostiene que se trata de una medida temporal, necesaria y legal, orientada a optimizar recursos ya existentes sin recurrir a nuevo endeudamiento.
Centralización, control y advertencias
El decreto refuerza el poder de SEFIN sobre el flujo de caja del Estado, reduciendo la autonomía financiera operativa de las instituciones públicas. Además, obliga a publicar los montos reintegrados, las modificaciones presupuestarias y el avance de los proyectos financiados, bajo advertencia de sanciones administrativas, civiles y penales en caso de incumplimiento.
Una señal política y fiscal de emergencia
Analistas y conocedores de las finanzas públicas coinciden en que, más allá de su carácter técnico, el PCM 38-2025 envía un mensaje político contundente: el Estado no cuenta con liquidez suficiente y se ve forzado a reordenar internamente sus recursos para cumplir compromisos básicos.
Advierten que la medida no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas, sino que redistribuye la escasez, mientras persistan el bloqueo legislativo, el alto costo de las obligaciones estatales y la fragilidad del flujo de ingresos.
En la práctica, el decreto confirma que la Tesorería Nacional opera al límite y que el margen fiscal del Gobierno se ha reducido a una administración de emergencia, en un cierre de año marcado por presiones financieras sin precedentes.
