- Viceministro de Seguridad Rommel Martínez reconoce que la presencia de estructuras criminales supera, en algunas zonas, la capacidad de respuesta de la Policía y advierte que podrían ser detenidos hasta mil pandilleros si se concreta su declaratoria como terroristas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Gobierno reconoció que las maras y pandillas mantienen presencia y control territorial en determinadas zonas de Honduras, una situación que, de acuerdo con el viceministro de Seguridad a cargo de Asuntos Policiales, Rommel Martínez, representa uno de los principales desafíos para las autoridades.
Martínez, comisionado general de Policía en condición de retiro, admitió durante su participación en un foro televisivo que en algunos sectores del país las estructuras criminales tienen una presencia territorial que incluso supera las limitaciones operativas de la Policía Nacional.
“El desplazamiento forzado ocurre en algunos lugares, donde las maras y pandillas tienen una presencia territorial donde hasta cierto punto le lleva ventaja a las limitantes que tiene la Policía Nacional de omnipresencia”, señaló.
Sus declaraciones se produjeron al abordar el desplazamiento de varias personas de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, quienes habrían abandonado sus viviendas debido a amenazas de estructuras criminales que operan en el sector.
El funcionario calificó este caso como de “gravedad bastante intensa” y reconoció que evidencia el nivel de control que pueden ejercer las organizaciones criminales en determinados territorios.
Violencia y desplazamiento
Martínez sostuvo que el desplazamiento forzado ocurre precisamente en lugares donde las pandillas mantienen presencia territorial y donde, según reconoció, ejercen violencia sistemática y cometen delitos graves con altos niveles de impunidad.
Además, admitió que la actuación policial durante la salida de las víctimas de sus viviendas no fue la ideal, debido a que los agentes se concentraron en acompañar y resguardar a las familias, pero dejaron en segundo plano el combate al delito que provocó el desplazamiento.
“Lo estamos revisando y nos marca una reconfiguración operativa. A veces el policía ayuda, pero se olvida de su deber principal, que es prevenir o atacar el delito”, expresó.
El viceministro aseguró que esta situación no debe volver a repetirse y que será necesario ajustar la estrategia operativa para que la protección de las víctimas vaya acompañada de acciones contra quienes generan las amenazas.
Una Policía con limitaciones
Martínez también señaló que Honduras enfrenta una limitación estructural: cuenta con “la Policía más pequeña de Centroamérica” en relación con su población, lo que dificulta mantener presencia permanente en todos los sectores del territorio nacional.
A esto se suma, explicó, el temor de las víctimas a declarar contra los integrantes de estas estructuras, lo que complica llevar los casos hasta los tribunales.
Según el funcionario, una persona que ha sido amenazada difícilmente estará dispuesta a atestiguar en un juicio contra los responsables, especialmente cuando estos mantienen control o influencia en su comunidad.
Maras aún no han sido declaradas terroristas
Otro de los puntos planteados por Martínez fue la falta de una declaratoria formal que permita catalogar como organizaciones terroristas a las maras y pandillas.
El viceministro recordó que recientemente se aprobó una reforma legal relacionada con la consideración de los integrantes de maras y pandillas como terroristas; sin embargo, sostuvo que todavía no se ha concretado el paso de declarar formalmente a estas organizaciones criminales como terroristas, condición que, según explicó, permitiría a la Policía actuar bajo ese nuevo marco.
Martínez afirmó que la institución policial se encuentra preparada para actuar si esa decisión se adopta.
“La Policía está lista. Si este paso se da de aquí a diciembre, yo podría detener y mantener en prisión no menos de 1,000 integrantes de maras”, aseguró.
El funcionario agregó que las autoridades tienen identificadas al menos 140 estructuras criminales vinculadas con la comisión de hechos delictivos y afirmó que existe información comprobada que relaciona a parte de estas estructuras con maras y pandillas.
Las declaraciones ponen nuevamente sobre la mesa el desafío que enfrenta el Estado hondureño para recuperar el control de territorios donde las estructuras criminales mantienen presencia, mientras las autoridades evalúan cambios operativos y esperan definir si avanzarán con la declaratoria que permitiría aplicar nuevas herramientas contra estos grupos.
