- La designada presidencial María Antonieta Mejía asegura que la asignación está amparada en la ley y no superará el 2 % del Presupuesto General, pese a cuestionamientos por falta de transparencia.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La designada presidencial María Antonieta Mejía confirmó este martes que la partida confidencial se mantendrá en el Presupuesto General de la República para el año 2026, al señalar que dicha asignación se encuentra debidamente contemplada dentro del marco legal vigente.
Mejía explicó que la partida confidencial equivale al 2 % del Presupuesto General, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, y sostuvo que su eliminación no es una decisión administrativa, sino legal. “No se puede eliminar la partida confidencial; para hacerlo se tendría que derogar la Ley Orgánica del Presupuesto General o reformarla”, afirmó.
La alta funcionaria detalló que el artículo 449 de dicha normativa regula fondos de contingencia y que, bajo ese esquema, en ejercicios anteriores la partida confidencial alcanzó montos cercanos a los 17 mil millones de lempiras, cifra que históricamente ha generado cuestionamientos por el limitado acceso público a su ejecución.
No obstante, Mejía indicó que para el Presupuesto General de 2026 se proyecta una reducción significativa del monto global, pasando de 469 mil millones de lempiras a un rango estimado entre 415 y 420 mil millones.
Esta disminución, explicó, responde a la desaparición de algunas instituciones estatales y a la reducción del número de empleados públicos.
“Si el presupuesto oscila entre 415 y 420 mil millones de lempiras, la partida confidencial andaría alrededor de los nueve mil millones de lempiras”, señaló ante periodistas, insistiendo en que no se contemplan cifras “ostentosas” por encima del límite del 2 % que establece la ley.
A pesar de estas aclaraciones, la confirmación de la continuidad de la partida confidencial vuelve a abrir el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos, ya que diversos sectores han cuestionado históricamente el uso de fondos reservados sin mecanismos claros de rendición de cuentas.
Mientras el Ejecutivo defiende la legalidad de la asignación y promete mantenerla dentro de los márgenes establecidos, críticos advierten que la discusión de fondo no es únicamente el porcentaje, sino la necesidad de revisar el marco legal que permite el uso discrecional de miles de millones de lempiras en un contexto de restricciones fiscales y demandas sociales crecientes.
