- Funcionarios aseguran que el 100 % de las acciones permanecerá en manos del Estado, pero la reestructuración de la empresa eléctrica continúa generando cuestionamientos y preocupación en distintos sectores
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En medio del creciente debate sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Gobierno del presidente Nasry Asfura salió este viernes al paso de las críticas y aseguró que el proceso de escisión de la estatal no constituye una privatización, sino una estrategia para rescatar financieramente a una de las instituciones más golpeadas por las pérdidas económicas y los problemas operativos acumulados durante años.
Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Banco Central de Honduras (BCH), el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, defendió el proyecto de ley que actualmente se encuentra en proceso de socialización y afirmó que la iniciativa busca mejorar la eficiencia operativa de la empresa, reducir su carga financiera y fortalecer su capacidad para prestar un mejor servicio a la población.
“No puede haber crecimiento económico si no se rescata a la ENEE”, expresó el funcionario, al advertir que la situación de la estatal representa un obstáculo para el desarrollo económico del país.
Sin embargo, el proceso ha despertado inquietud en sectores políticos, sindicales y ciudadanos que observan con cautela la creación de empresas subsidiarias y temen que la medida pueda abrir la puerta a futuras decisiones que terminen reduciendo el control estatal sobre el sector energético.
Ante esas preocupaciones, Hernández Hércules insistió en que la propiedad pública de la empresa está plenamente garantizada.
“El 100 por ciento de las acciones de las tres empresas subsidiarias permanecerán bajo el control de la ENEE y cualquier movimiento deberá ser aprobado exclusivamente por el Congreso Nacional”, aseguró.
El titular de Finanzas enfatizó que no existe ningún mecanismo dentro de la propuesta que permita transferir dichas acciones sin la autorización del Poder Legislativo y sostuvo que los activos continuarán siendo propiedad del Estado hondureño.
ENEE rechaza señalamientos de privatización
Por su parte, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, reiteró que la iniciativa no contempla la venta de activos ni la participación de capital privado en la propiedad de las nuevas estructuras empresariales.
“Lo que es del Estado de Honduras seguirá siendo del Estado de Honduras y de todos los hondureños”, manifestó.
Según Peña Panting, la reorganización busca introducir mecanismos de ordenamiento administrativo y financiero que permitan reducir la deuda acumulada, mejorar la calidad del servicio y disminuir las presiones económicas que actualmente enfrenta la estatal.
El funcionario también advirtió que mantener el modelo actual representa una carga cada vez mayor para las finanzas públicas.
“No podemos seguir utilizando los tributos del pueblo hondureño para sostener un modelo que limita la capacidad del Estado para invertir en otras prioridades nacionales”, afirmó.
El costo de una ENEE en crisis
Durante la comparecencia, el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, respaldó la postura del Ejecutivo y señaló que la recuperación financiera de la ENEE tendría un impacto positivo en las cuentas nacionales.
Explicó que una parte importante de los recursos públicos se destina actualmente a cubrir déficits de la estatal, reduciendo la capacidad de inversión en áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura.
“Cuando el Estado debe destinar una parte importante de sus ingresos para cubrir déficits, se reduce el espacio fiscal disponible para atender otras necesidades prioritarias”, señaló.
Asimismo, comparó la situación con la administración de las finanzas familiares, argumentando que tanto los hogares como el Estado deben tomar decisiones que permitan garantizar la sostenibilidad económica a largo plazo.
Un debate que sigue abierto
Aunque el Gobierno insiste en que la escisión de la ENEE es una medida de modernización y rescate financiero, el proyecto continúa bajo escrutinio público debido a la sensibilidad que históricamente ha generado cualquier reforma relacionada con la empresa estatal.
La discusión cobra especial relevancia en un contexto marcado por constantes reclamos ciudadanos por las tarifas eléctricas, los apagones y las pérdidas millonarias de la institución, factores que han convertido a la ENEE en uno de los temas más polémicos de la agenda nacional.
Mientras el Ejecutivo asegura que la propiedad estatal está blindada por ley, sectores críticos demandan mayores explicaciones y garantías para evitar que una reestructuración concebida como solución termine alimentando nuevas controversias sobre el control de uno de los activos estratégicos más importantes del país.
