• CNDS ordena la desaparición de la unidad antimaras, interviene su estructura y traslada temporalmente la seguridad ciudadana a la Policía Militar; nuevas pruebas de confianza definirán el futuro de cientos de agentes.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) llegará a su fin. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) determinó su eliminación definitiva tras una reunión de alto nivel encabezada por el presidente de la República, Nasry Asfura, en la que también participaron los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial, Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo, respectivamente, junto a las máximas autoridades de seguridad y justicia del país.
La decisión se produce en medio de una de las crisis más graves que ha enfrentado la institución desde su creación, luego del asesinato de cinco agentes durante una operación en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, hecho que provocó una revisión profunda de los procedimientos internos y aceleró la determinación de las autoridades.
En la reunión participaron además el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez; el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Enrique Rodríguez Burchard; y el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore, quienes analizaron los informes relacionados con el caso y el funcionamiento de la unidad especializada.
La resolución fue confirmada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien previamente ya había expresado públicamente que la Dipampco debía desaparecer, aunque aclaró que la decisión no correspondía al Poder Legislativo.
“La Dipampco tendría que desaparecer, pero no es potestad del Congreso Nacional tomar esa determinación”, manifestó el titular del Legislativo horas antes de que el CNDS oficializara la medida.
La tragedia que precipitó la decisión
El detonante de la eliminación de la Dipampco fue el violento enfrentamiento ocurrido el pasado 21 de mayo en Corinto, Omoa, cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala.
Según los reportes oficiales, una estructura criminal fuertemente armada emboscó a un grupo de agentes, secuestró y posteriormente asesinó a cinco miembros de la institución, entre ellos el subcomisario Lester Josué Amador Herrera.
Posteriormente, investigaciones preliminares de la Secretaría de Seguridad revelaron serias irregularidades en la operación. De acuerdo con los informes, los agentes habrían ejecutado un allanamiento sin cumplir los protocolos legales establecidos ni contar con la autorización y acompañamiento judicial correspondiente.
Estas fallas operativas derivaron en la suspensión inmediata de la cúpula de la Dipampco y en una intervención interna que culminó con la decisión de desmantelar completamente la estructura.
Las autoridades informaron además que la institución permanecerá intervenida mientras se presenta un informe oficial ante la Secretaría de Seguridad, aunque la determinación de suprimirla ya habría sido adoptada de forma definitiva por las máximas autoridades del Estado.
Una institución creada hace apenas cuatro años
La Dipampco fue creada el 20 de julio de 2022 mediante el acuerdo PCM 1417-2022, sustituyendo a la desaparecida Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), con el objetivo de fortalecer el combate contra la extorsión, las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado.
Sin embargo, a menos de cuatro años de su creación, la institución enfrenta ahora su desaparición en medio de cuestionamientos sobre su funcionamiento, controles internos y capacidad operativa.
Nueva estrategia contra el crimen organizado
Como parte de la reestructuración anunciada por el Gobierno, se prevé la creación de una nueva entidad especializada en el combate a la extorsión y el crimen organizado.
Las autoridades adelantaron que la futura estructura contará con mecanismos de selección más rigurosos y controles internos reforzados para evitar infiltraciones criminales y garantizar una mayor efectividad operativa.
La permanencia de los actuales agentes dependerá de una estricta evaluación de confianza.
Entre las medidas anunciadas figuran exámenes toxicológicos, auditorías patrimoniales, pruebas de polígrafo y otras evaluaciones de integridad que deberán ser aprobadas tanto por el personal activo como por los nuevos aspirantes.
Los agentes que no superen estos procesos serán separados inmediatamente de la institución, mientras que aquellos que presenten expedientes abiertos o indicios de vínculos con actividades ilícitas podrían enfrentar procesos penales impulsados por el Ministerio Público.
Policía Militar asumirá el control de las calles
Mientras se desarrolla el proceso de transición, depuración y reorganización de las fuerzas de seguridad, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumirá temporalmente las tareas de seguridad ciudadana a nivel nacional.
El despliegue militar se mantendrá por tiempo indefinido, según lo anunciado por las autoridades, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en las zonas con mayor incidencia criminal y responder con mayor rapidez a las acciones de maras, pandillas y grupos delictivos.
La medida representa uno de los cambios más drásticos en la estrategia de seguridad de los últimos años y busca recuperar la confianza ciudadana tras los recientes acontecimientos que pusieron en evidencia debilidades operativas dentro de la estructura policial especializada.
Las autoridades sostienen que la nueva etapa estará enfocada en fortalecer la lucha contra la extorsión, incrementar las capturas de integrantes de organizaciones criminales y lograr condenas más efectivas contra quienes amenazan la seguridad de la población hondureña.
