TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, extendió por 45 días el Estado de Excepción en las ciudades de Tegucigalpa y en San Pedro Sula, y en 73 municipios de varios departamentos, cuya medida para contrarrestar la criminalidad y la extorsión comenzó desde hoy viernes 06 de enero y concluye el lunes 20 de febrero de 2023.
En uno de los considerandos, el Gobierno destaca que las acciones ejecutadas por Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), y con la Cooperación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en cumplimiento del Decreto Ejecutivo Número PCM 29-2022, de suspensión de garantías constitucionales, han rendido buenos resultados para combatir la criminalidad heredada que se insertó en los más altos niveles de la Administración Pública.
En tal sentido, las autoridades determinaron que es procedente decretar por un nuevo periodo de cuarenta y cinco (45) días, la restricción de garantías constitucionales para el logro de los objetivos señalados y la protección de la ciudadanía.
Entretanto, garantizaron que se respetará el principio de necesidad y proporcionalidad, quedan facultadas para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones, en la comisión de delitos y crímenes contemplados en este Decreto, en los sectores de los Municipios del Distrito Central, San Pedro Sula y otros, identificados por la Policía Nacional en los listados que se adjuntan a este Decreto.
Además, indicaron que los motivos de la detención y respetar los derechos de los detenidos. En los centros de detención deberá llevarse un registro oficial de los detenidos conforme los estándares internacionales.
Asimismo, señalaron que la libre circulación se realizará con normalidad en todo el país, aún en las zonas descritas en el presente Decreto y solo podrá ser restringida por las causales aquí descritas, determinadas puntualmente por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional.
