- Seguridad plantea ampliar las detenciones de 24 a 48 horas y modificar herramientas legales para perseguir a estructuras criminales, bajo una estrategia que busca fortalecer las operaciones policiales y judiciales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Gobierno de Honduras prepara una serie de reformas legales para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, mediante una figura que el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, denominó «estado ordinario reforzado».
La propuesta surge luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) decidiera no implementar un nuevo estado de excepción y, en su lugar, impulsar mayores competencias dentro del marco del estado ordinario para enfrentar a las estructuras criminales declaradas asociaciones terroristas.
Velásquez explicó que la intención es dotar a las instituciones de herramientas jurídicas que les permitan actuar de manera más efectiva contra los integrantes y liderazgos de estas organizaciones, sin recurrir a la suspensión de garantías propia de un régimen de excepción.
Proponen ampliar detenciones de 24 a 48 horas
Entre las reformas que la Secretaría de Seguridad pretende presentar ante el Congreso Nacional se encuentra la ampliación del período de detención, de 24 a 48 horas, para determinados casos relacionados con estructuras criminales.
Según el ministro, la modificación permitiría a las autoridades contar con más tiempo para documentar los expedientes y reunir elementos de investigación antes de poner los casos a disposición de las instancias correspondientes.
La propuesta forma parte de un paquete de cambios que también contempla establecer expresamente el carácter de delito permanente o continuo para determinados ilícitos vinculados al crimen organizado, con el objetivo de reducir las diferencias de interpretación entre fiscales y jueces sobre los procedimientos aplicables.
La ampliación del período de detención, en caso de ser aprobada, requeriría su incorporación al marco legal mediante el procedimiento legislativo correspondiente.
Allanamientos y coordinación con el sistema judicial
En relación con los horarios para ejecutar allanamientos, Velásquez señaló que el Código Procesal Penal establece las condiciones para realizar estas diligencias.
Indicó que, cuando se cumplen las circunstancias previstas en la legislación, pueden desarrollarse en distintos horarios, dependiendo también del acompañamiento del Ministerio Público y de las decisiones judiciales.
El funcionario destacó la existencia de juzgados con jurisdicción nacional en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde serían procesados los integrantes de las estructuras criminales capturados durante las operaciones.
La estrategia contempla una coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, con investigaciones y acciones focalizadas contra los miembros y líderes de las organizaciones criminales.
Pruebas técnicas y protección de testigos
Uno de los desafíos señalados por el ministro es la dificultad para obtener testimonios debido al temor de posibles represalias contra las personas que colaboran con las investigaciones.
Ante esta situación, Velásquez indicó que las autoridades recurrirán a los mecanismos de protección de testigos contemplados en la legislación y fortalecerán el uso de pruebas técnicas para sustentar los expedientes.
Entre los elementos de investigación mencionó:
- Registros de comunicaciones.
- Vínculos entre los integrantes de las estructuras criminales.
- Pertenencias y otros indicios.
- Elementos que permitan establecer la relación de una persona con determinada organización.
El objetivo, según el funcionario, es avanzar en las investigaciones contra los principales liderazgos de estas organizaciones, con operaciones acompañadas por fiscales y casos presentados ante jueces con jurisdicción nacional.
«Escudo de Honduras» contempla operaciones contra tres estructuras
Velásquez vinculó el denominado «Escudo de Honduras» con la decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales.
El ministro afirmó que la estrategia contempla operaciones conjuntas y focalizadas para avanzar en la desarticulación de estas organizaciones, así como investigaciones dirigidas contra sus integrantes y principales cabecillas.
De acuerdo con declaraciones difundidas por medios hondureños, las estructuras señaladas por el funcionario son la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo.
La Secretaría de Seguridad sostiene que las acciones buscan fortalecer la persecución penal y operativa contra los grupos criminales, mediante la coordinación de las instituciones encargadas de la investigación, la seguridad y la judicialización de los casos.
Ministro lamenta asesinato de agente policial
Durante sus declaraciones, Gerzon Velásquez también lamentó el asesinato de un agente policial ocurrido recientemente y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y a la institución policial.
El titular de Seguridad sostuvo que la muerte de agentes en el cumplimiento del deber evidencia los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad durante la confrontación con las estructuras criminales.
En ese contexto, afirmó que las autoridades mantendrán las operaciones dirigidas contra estas organizaciones, con el propósito de alcanzar a sus integrantes y principales liderazgos.
Una estrategia que ahora deberá avanzar en el Congreso Nacional
La propuesta de «estado ordinario reforzado» plantea fortalecer las herramientas legales y operativas del Estado sin recurrir a un nuevo estado de excepción.
Entre los cambios anunciados figuran la ampliación de determinados períodos de detención y la precisión de las disposiciones aplicables a delitos vinculados al crimen organizado.
El alcance definitivo de estas reformas dependerá de su presentación, discusión y eventual aprobación en el Congreso Nacional, así como de su aplicación dentro del marco constitucional y legal vigente.
El Gobierno apuesta por reforzar sus capacidades de persecución criminal mediante cambios legislativos, mientras las instituciones de seguridad preparan nuevas operaciones contra las estructuras identificadas como asociaciones terroristas.
