De acuerdo a un análisis realizado por la Fundación InSight Crime “al cargar la culpa de la violencia en Honduras exclusivamente a las pandillas, el gobierno ignora la participación de otros actores, como las organizaciones narcotraficantes y las redes de corrupción”.
En su estudio pone como ejemplo algunos casos entre estos detalla que en los días entre el motín carcelario y la masacre en el billar se presentó el asesinato selectivo de una posible testigo en una investigación de alto perfil por narcotráfico.
Asimismo, expone el análisis que el 22 de junio, hombres con uniformes de la policía acribillaron a Ericka Julissa Bandy García, esposa de un presunto narcotraficante señalado de haber trabajado con el expresidente Juan Orlando Hernández, quien actualmente responde por cargos de tráfico de narcóticos en Estados Unidos.
En ese contexto, la conclusión del análisis de InSight Crime es que al cargar la culpa de la violencia en Honduras exclusivamente a las pandillas, el gobierno ignora la participación de otros actores, como las organizaciones narcotraficantes y las redes de corrupción.
Al mismo tiempo, se hace la critica que el gobierno de Honduras se ha inspirado en su vecino El Salvador, donde una campaña indiscriminada contra las pandillas ha generado denuncias de derechos humanos, pero también un reconocimiento general de que esta logró su propósito de entorpecer de manera importante las actividades de las pandillas y mantener la violencia a raya.
En el mismo análisis se advierte que la imitación de este modelo por parte del gobierno de Honduras conlleva las mismas fallas. Así que aun cuando un redoblamiento de las medidas de seguridad produzca efectos inmediatos, los efectos a largo plazo pueden resultar limitados.
La fundación InSight Crime, dedicada al estudio y la investigación sobre la seguridad en América Latina y el Caribe, reitera que el gobierno de Honduras ha intensificado su campaña contra las pandillas tras los recientes estallidos de violencia criminal, pero su respuesta limitada pasa por alto las variadas dinámicas de crimen organizado en juego.
Además, la investigación refiere que la presidenta Xiomara Castro anunció nuevas medidas de seguridad el 22 y el 25 de junio, con las que reafirmaba el estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, cuyo objetivo es frenar la violencia y la extorsión perpetradas por las pandillas en Honduras.
Aquí el análisis: InSight Crime
