En los últimos 18 meses, el Conadeh atendió cerca de 550 quejas relacionadas con supuestas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. CONADEH alerta situación que enfrentan, en los centros penales, las personas con discapacidad psicosocial, muchas veces sin medicamentos y sin atención médica.
FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), atendió 414 quejas por supuestas vulneraciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad durante 2025, y 132 quejas en lo que va de 2026, informó Guadalupe Silva, Coordinadora de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad de la institución estatal.
Tenemos quejas por la falta de acceso a la justicia, a la salud, por abusos contra la integridad de las personas privadas de libertad (tortura o malos tratos), por la alimentación, el acceso al agua en los centros penitenciarios, situaciones que vienen a incrementar los problemas de salud en toda la población penitenciaria, dijo Silva.
Señaló que el hacinamiento persiste en al menos 11 centros penitenciarios del país, situación que se agravó por los traslados masivos y el cierre de centros en 2025. “Esto llevó al desarraigo de las personas privadas de libertad y seguimos con esta situación”, explicó.
En Honduras, se estima hay una sobrepoblación que supera las 3,000 personas privadas de libertad en, al menos, 11 centros penales entre los cuales están el de Tamara en Francisco Morazán, Morocelí y Danlí en El Paraíso, El Progreso y Olanchito en Yoro, entre otros
Personas con discapacidad psicosocial
La situación es grave principalmente para personas con discapacidad psicosocial que están mezcladas con el resto de la población, sin separación ni tratamiento.
Silva dijo que actualmente hay personas con discapacidad psicosocial que enfrentan una serie de problemas que van desde su disgregación en módulos de los diferentes centros penitenciarios, el sistema de salud no está mandando los medicamentos que ellos requieren para controlar la enfermedad que padecen.
Esa falta de acceso a los medicamentos acarrea una responsabilidad del Estado, aunado a eso, por problemas logísticos esas personas privadas de libertad no son llevadas también a sus citas médicas, a los hospitales de referencia, es decir, el Mario Mendoza o el Santa Rosita.
Sin sentencia alrededor del 43% de los privados de libertad Se estima que la población penitenciaria, a mayo del 2026, es de 19,297 personas, de los cuales, 10,443 hombres y 501 mujeres tienen sentencia condenatoria, mientras que 7,765 hombres y 593 mujeres están en calidad de procesadas. En términos generales, se estima que el 43% de los privados de libertad están únicamente procesados.
En lo que respecta a los extranjeros privados de libertad, en Honduras, 83 hombres y 7 mujeres tienen sentencia condenatoria mientras que 70 están únicamente procesados.
Los centros penales con el mayor número de personas procesadas son el de Tamara en Francisco Morazán con 3,241, además, el Centro Penal de Morocelí y el de Danlí en El Paraíso, el Centro Penal de El Progreso en Yoro, el Centro Penal de Choluteca y el de Santa Rosa de Copán, entre otros.
Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura
En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, el CONADEH reiteró que la prohibición de la tortura constituye una norma imperativa del derecho internacional y no admite excepción alguna, aun en situaciones de emergencia, conflicto o privación de libertad.
Indicó que el Estado tiene la obligación de prevenir estos actos, investigar toda denuncia de manera exhaustiva, objetiva e imparcial, sancionar a los responsables y garantizar a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
“El CONADEH hace un respetuoso llamado a las instituciones del Estado a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Honduras en materia de derechos humanos, mediante la implementación de políticas públicas y mecanismos efectivos de prevención, con especial atención a las personas privadas de libertad y demás grupos en condición de vulnerabilidad”, concluyó Silva.
