- La iniciativa del diputado Alex Berríos busca reformar el Código Penal para endurecer las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin esperar a que provoquen un accidente.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas podría tener consecuencias penales mucho más severas en Honduras. Una iniciativa presentada ante el Congreso Nacional propone castigar con hasta 10 años de prisión a quienes sean sorprendidos manejando bajo la influencia de estas sustancias.
La propuesta, impulsada por el diputado liberal Alex Berríos y denominada «Ley Ruta Segura», plantea una reforma al artículo 323 del Código Penal, con el propósito de fortalecer las sanciones por conducción temeraria y reducir los accidentes de tránsito relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.
El proyecto establece penas diferenciadas de acuerdo con el tipo de vehículo. Para los conductores de automotores livianos contempla condenas de dos a cinco años de prisión, mientras que quienes manejen vehículos pesados podrían enfrentar entre cinco y diez años de cárcel.
Buscan eliminar las multas como principal castigo
Uno de los argumentos que respaldan la iniciativa es que las sanciones administrativas, como las multas y el decomiso de licencias, no han conseguido frenar la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Durante un debate sobre seguridad vial, el subdirector nacional de Tránsito, Eduardo Lanza, cuestionó la efectividad de las multas y consideró necesario fortalecer las medidas para evitar que estas conductas continúen poniendo en peligro a otros usuarios de las carreteras.
En ese contexto, Berríos sostiene que la legislación actual presenta obstáculos que dificultan la aplicación de penas de prisión, por lo que busca modificar los requisitos para facilitar que el Ministerio Público pueda ejercer acciones penales contra los infractores.
Bastaría una prueba científica para acreditar el consumo
Otro de los cambios importantes que contempla la reforma es que no sería necesario demostrar adicionalmente que el conductor puso en peligro concreto la vida o la integridad física de otras personas.
La propuesta establece que las pruebas de alcoholemia y los análisis toxicológicos practicados conforme a la ley por Medicina Forense puedan constituir elementos suficientes para acreditar que una persona conducía bajo los efectos de estas sustancias.
Esto significa que, de prosperar la iniciativa, las autoridades no tendrían que esperar a que ocurra un choque, un atropellamiento o una tragedia para proceder penalmente contra quien incurra en esta conducta.
Excepciones para quienes consumen medicamentos
El proyecto también contempla disposiciones para proteger a las personas que, por condiciones médicas debidamente comprobadas, consuman medicamentos capaces de generar resultados positivos en las pruebas toxicológicas.
En esos casos, los ciudadanos podrán presentar la documentación y justificación médica correspondiente, con el propósito de evitar sanciones injustificadas y garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa.
La reforma aún debe ser aprobada
La iniciativa surge en medio de la preocupación por las muertes y lesiones que dejan los accidentes de tránsito en Honduras, particularmente aquellos relacionados con conductores que manejan bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.
De acuerdo con información presentada por los promotores del proyecto, durante 2024 se registraron 72 fallecimientos vinculados a accidentes de tránsito relacionados con la conducción en estado de ebriedad, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Sin embargo, las nuevas penas todavía no están vigentes. El proyecto deberá cumplir el procedimiento legislativo correspondiente y recibir la aprobación del Congreso Nacional para convertirse en ley.
De concretarse la reforma, Honduras podría establecer un régimen de castigos más severos para quienes decidan conducir después de consumir alcohol o drogas, con condenas que alcanzarían hasta una década de prisión para los operadores de vehículos pesados.
