El general retirado Humberto Ortega fue trasladado al hospital militar de Managua, Nicaragua, con síntomas de haber sufrido un infarto.
Se trata del hermano del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que está en prisión domiciliaria por críticas al gobierno y a la vicepresidenta Rosario Murillo (su cuñada, ya que es esposa del Presidente).
Confidencial confirmó que el detenido había requerido atención médica especializada porque acaba de salir de una operación, pero el régimen de Ortega únicamente le proporcionó revisiones de presión.
Según el medio, Humberto Ortega padece insuficiencia coronaria.
Persecución
Humberto Ortega es perseguido por el gobierno de Nicaragua luego de dar una entrevista a Infobae en la que llamaba a elecciones y desconfiaba de Rosario Murillo como sucesora de su hermano.
La policía entró a su casa y le ordenó permanecer ahí y pedir permiso para cualquier movimiento.
El Español informó que después de esa intervención se perdió comunicación con Humberto Ortega.
Ya son más de 3 mil 600 organizaciones sociales disueltas por el gobierno de Nicaragua
El Gobierno de Nicaragua canceló este martes la personería jurídica a 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman más de 3 mil 600 las organizaciones no gubernamentales ilegalizadas desde diciembre de 2018, y la mayoría de sus bienes han sido traspasados al Estado.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La ministra del Interior explicó que cerró de forma unilateral 11 organizaciones por incumplimientos a las leyes que las regulan y las otras cuatro porque solicitaron su disolución voluntaria.
Cierran instituto tecnológico que ofrecía becas
Entre las 15 organizaciones canceladas se encuentra la Asociación Instituto Tecnológico Victoria, que pertenece a la Compañía Cervecera de Nicaragua y que se definía como una institución de educación superior que formaba profesionales de éxito y altamente capacitados para las empresas.
Esa institución educativa, que brindaba anualmente más de 100 becas a bachilleres de escasos recursos para cursar las carreras técnicas que ofrecía, estaba autorizada para funcionar desde 2013 por el estatal Consejo Nacional de Universidades (CNU).
El Ministerio del Interior indicó que cerró ese instituto educativo “por obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y control de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, ya que existen inconsistencias en los saldos de los estados financieros y no reportó donaciones”, y tampoco promovía “políticas de transparencia en la administración de los fondos”.
Además, agregó, en cumplimiento a una resolución conjunta del CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que aseguraron que las autoridades de ese instituto fueron convocados a una reunión desde el 2022 y no se presentaron a dicha convocatoria.
Otras organizaciones disueltas fueron la Cámara de Productores de Musáceas del Sur, Asociación Departamental de Canotaje León, Asociación de Ganaderos de Villa Sandino, Asociación Departamental de Tiro con Arco Managua, Fundación para la Promoción del Consumo Responsable y Estilos de Vida Sanos, Fundación de Familias en Apoyo a Personas con el Trastorno del Espectro Autista, entre otras.
Estado de Nicaragua se queda con bienes de organizaciones
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas 15 organizaciones no gubernamentales, suman más de 3 mil 600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, indican que las organizaciones afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también argumentan que la ilegalización de esas organizacionesforma parte de un proceso de ordenamiento debido a que no todas las 7 mil 227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”.
Con información de EFE
