• El Gobierno solicitó una reunión urgente con las autoridades estadounidenses tras el fallo de la Corte Suprema que respalda la eliminación del TPS y advierte sobre el impacto que tendría en miles de familias migrantes.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El Gobierno de Honduras anunció este jueves el inicio de una ofensiva diplomática de alto nivel ante Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de ese país emitiera un fallo que avala la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS), una decisión que, aunque no afecta de manera inmediata a los hondureños, genera preocupación por el futuro de miles de migrantes amparados bajo este programa.
A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Estado hondureño solicitó una audiencia de urgencia con las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con el propósito de abordar las implicaciones del fallo judicial y buscar mecanismos que permitan proteger a los beneficiarios del TPS, entre ellos alrededor de 55 mil hondureños.
La decisión de la Corte Suprema, adoptada con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, respalda la postura de la Administración del presidente Donald Trump al establecer que las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS no pueden ser revisadas por los tribunales federales.
El fallo permitió retirar la protección temporal a unos 350 mil haitianos y 6.100 ciudadanos sirios.
Aunque la resolución no menciona de forma específica a Honduras, la Cancillería advirtió que el precedente judicial podría poner en riesgo a cerca de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países que actualmente cuentan con este beneficio migratorio en Estados Unidos.
El Gobierno del presidente Nasry “Tito” Asfura reiteró su respeto por el orden constitucional e institucional de Estados Unidos, pero hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que prevalezcan criterios humanitarios, el respeto a la unidad familiar y la previsibilidad en cualquier decisión que afecte a los migrantes.
“Detrás de las cifras hay madres, padres, contribuyentes, emprendedores y niñas y niños ciudadanos estadounidenses para quienes una transición abrupta supondría una grave afectación a sus vidas”, señaló la Cancillería en el comunicado.
Como parte de la estrategia diplomática, Honduras intensificará las gestiones para negociar un período de gracia y una transición administrativa que permita a los beneficiarios del TPS regularizar de manera ordenada su situación migratoria, laboral y patrimonial, en caso de que el programa sea finalmente cancelado.
Asimismo, la Cancillería enfatizó que las medidas de remoción “no son automáticas ni inmediatas” e instó a los hondureños amparados por el TPS a mantener la calma, evitar decisiones precipitadas, no firmar documentos sin asesoría legal especializada y desconfiar de posibles fraudes migratorios.
El Gobierno reafirmó además su compromiso de defender los derechos y la dignidad de los migrantes hondureños mediante una estrategia diplomática coordinada con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
El TPS fue creado por Estados Unidos en 1990 para otorgar protección temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro.
Actualmente, alrededor de 55 mil hondureños dependen de este beneficio para trabajar legalmente y permanecer protegidos de la deportación mientras se define el futuro del programa.
