La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio a conocer una serie de “acciones radicales” que el gobierno planea implementar para combatir el crimen organizado. Aunque el anuncio acaparó titulares, aportó poca sustancia a la tambaleante estrategia contra el crimen en Honduras.
En una conferencia de prensa televisada el 15 de junio, Castro, que estaba flanqueada por miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instó a las fuerzas de seguridad a “ejecutar intervenciones urgentes” en los municipios con una alta incidencia delictiva.
Luego, los miembros del Consejo se turnaron para leer catorce medidas de un documento de tres páginas titulado “Las acciones radicales del Plan de Solución contra la Delincuencia”.
La más llamativa fue la propuesta de construir una cárcel con capacidad para 20.000 personas entre los departamentos orientales de Olancho y Gracias a Dios, antiguos bastiones del crimen organizado y la violencia.
El anuncio hizo eco de la puesta en marcha del estado de excepción en Honduras en noviembre de 2022, cuando el gobierno suspendió parcialmente y por primera vez los derechos constitucionales, aparentemente para dar a las fuerzas de seguridad los poderes necesarios para reprimir la extorsión y la violencia.
Inicialmente previsto por 45 días en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la capital y la segunda ciudad más grande de Honduras, el gobierno ha renovado y ampliado el estado de excepción en repetidas ocasiones. Las medidas están ahora en vigor en 226 de los 298 municipios del país y afectan a más del 90% de la población.
Las autoridades estatales sostienen que el estado de excepción ha tenido un gran éxito en la lucha contra la delincuencia, y a menudo le atribuyen la consecución de resultados en materia de seguridad, incluso en municipios en los que técnicamente no se están aplicando las medidas.
“La declaratoria de estado de excepción … ha permitido que la Policía Nacional … haya alcanzado una mejora significativa en los indicadores de seguridad de nuestro país”, declaró Castro el 13 de junio.
El presidente del congreso, Luis Redondo, fue más allá, sugiriendo que cualquiera que se opusiera a las estrategias contra el crimen del gobierno tenía vínculos con el crimen organizado. En una publicación de X, dijo que los hondureños «no deben escuchar» a nadie que se oponga al plan contra la delincuencia del gobierno.
Análisis de InSight Crime
Las nuevas medidas del Consejo de Seguridad indican que el gobierno está redoblando lo que, según los críticos, es una caótica mano dura que favorece el gobierno por decreto de emergencia frente a la elaboración de políticas a largo plazo.
“Es un estilo de comunicación en el que se intenta comunicar que se tiene un plan, pero en realidad no se tiene un plan”, dijo a InSight Crime Andreas Daugaard, coordinador de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Los delitos que el gobierno dijo perseguir también han continuado a buen ritmo. Aunque el gobierno presentó el decreto original como parte de un intento de abordar la extorsión, el porcentaje de hogares afectados por este delito en el país en realidad ha aumentado del 9% al 11,3%, según un informe de la ASJ.
“Honduras rara vez ha tenido tan pocas personas juzgadas por extorsión”, dijo Daugaard, añadiendo que había procesos que se habían frustrado porque los abogados que representaban a los detenidos habían argumentado con éxito que el estado de emergencia era ilegal.
Y aunque las tasas de homicidio en Honduras han descendido en los últimos meses, se registraron descensos tanto en los municipios sujetos al estado de excepción como en los que no lo estaban, lo que socava las reiteradas afirmaciones del gobierno de que los avances en materia de seguridad dependen de la suspensión de los derechos constitucionales.
Un funcionario con conocimiento del poder judicial, que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a hablar con la prensa, dijo que la capacidad del estado para crear políticas de seguridad a largo plazo estaba en peligro porque las instituciones clave, incluidos el poder judicial y la policía, seguían “capturadas y debilitadas” por los grupos delictivos organizados.
“También juega un papel importante el reclutamiento de operadores policiales en estos grupos delictivos”, señaló la fuente. “Yo creo que el estado de excepción más bien ha impactado la vulneración de derechos fundamentales de la sociedad”.
En Rivera Hernández, una comunidad de San Pedro Sula donde varias pandillas están sumidas en un conflicto territorial impulsado por los ingresos de la extorsión, el líder comunitario Daniel Pacheco dijo a InSight Crime que el estado de emergencia no tuvo «ningún impacto» en la forma en que los grupos criminales -incluidas las temibles pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18– operaban dentro del barrio.
Muchos policías se resistían a entrar en la zona, según Pacheco, y preferían permanecer en las carreteras principales a las afueras de la comunidad. Aunque muchos agentes eran buenos, Pacheco afirmó que la corrupción entre sus filas mermaba su eficacia general.
“Las quejas que tenemos con las personas que trabajan en el tema de transporte … es que ellos [oficiales de la policía] están ahí para cobrar extorsión”, dijo Pacheco a InSight Crime. “[Los grupos criminales] no sienten ninguna opresión de parte del estado … lo primero que tendríamos que hacer antes de cualquier estrategia, sería una depuración de la corrupción, sino, nada va a funcionar [en Rivera Hernández]”.
Pacheco añadió que se había producido un repunte de los secuestros en Rivera Hernández, aunque las fuerzas de seguridad no habían podido ayudar hasta ahora. La semana pasada, relató, una familia quedó negociando con una banda el acceso al cuerpo de un familiar desaparecido.
“Obviamente, el ministro de seguridad no entiende lo que sucede en los barrios”, señaló Pacheco. “Las autoridades siguen diciendo que han tenido grandes éxitos [pero los grupos criminales] siguen haciendo lo que siempre han hecho”.
El funcionario del poder judicial consultado por InSight Crime describió la estrategia contra el crimen del gobierno como superficial y añadió que, si bien la creación de una estrategia efectiva contra el crimen a largo plazo era posible, no sería fácil.
“Esta estrategia deberá abordar la prevención, la persecución y la reinserción social”, puntualizó. “El problema es el abandono del gobierno a los programas sociales en esos sectores vulnerables, porque el crimen organizado se aprovecha de esas personas”.
*InSight Crime contactó al Ministerio de Seguridad para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
