Las autoridades estadounidenses saben desde hace casi una década que uno de los hombres más cercanos a la mandataria tuvo tratos de dinero con los narcotraficantes más poderosos del país. La petición de extradición parecía inminente.
El juicio por narcotráfico al expresidente hondureño en Juan Orlando Hernández en Nueva York, que terminó con una condena en marzo pasado y una sentencia posterior a 45 años de cárcel, fue el final de su carrera política y de sus días como hombre libre, pero también fue, aunque pocos en Honduras lo advirtieron en ese momento, el inicio de un periplo similar en el seno de la familia de Xiomara Castro, némesis política y sucesora de Hernández.
El escándalo que salpica a la presidenta involucra a su familia y se destapó el pasado martes 3 de septiembre, cuando la cadena televisiva Univisión publicó un vídeo en el que Carlos Zelaya, cuñado de Xiomara Castro y hasta entonces secretario del Congreso Nacional, aparece negociando con narcotraficantes la entrega de medio millón de dólares. La mitad del dinero, dice Zelaya en el vídeo, es “para el comandante”, en referencia a su hermano Manuel “Mel” Zelaya, expresidente de Honduras (2006-2009) y esposo de la actual mandataria.
El vídeo filtrado a Univisión y al portal InSight Crime, especializado en criminalidad organizada en América Latina, fue grabado en 2013 por un narcotraficante llamado Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los jefes de la banda Los Cachiros, que ha sido de las más poderosas e influyentes en el negocio del trasiego de cocaína por Honduras desde principios de este siglo.
Desde 2012, se sabe ahora por documentos que han presentado fiscales estadounidenses en juicios a decenas de narcotraficantes hondureños, Rivera Maradiaga trabajó como informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) antes de entregarse a los agentes de Washington para ser juzgado en Nueva York.
De acuerdo con un agente estadounidense consultado en Washington, quien ha tenido conocimiento de expedientes abiertos a narcotraficantes hondureños, es posible que “El Cachiro”, como se conoce a Rivera Maradiaga en su país, haya aportado a la justicia estadounidense hasta una docena de vídeos similares grabados en reuniones con políticos y funcionarios de Honduras. En el caso de la reunión con Carlos Zelaya, el encuentro fue registrado con una cámara oculta en un reloj.
Cuando Carlos Zelaya se reunió con Rivera Maradiaga y otros narcotraficantes, en 2013, estaba en pleno apogeo la campaña presidencial en Honduras. Los principales candidatos eran Juan Orlando Hernández, del derechista Partido Nacional y hasta entonces presidente del Congreso, y Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, el presidente que en 2009 fue depuesto por un golpe militar. Castro corrió por el Partido Libertad y Refundación (Libre), una escisión del Partido Liberal, la otra formación política tradicional en Honduras.
En aquella ocasión ganó Hernández, y su mandato duró dos periodos, hasta 2022. En Honduras la reelección no está permitida, pero Hernández logró reengancharse en los comicios generales de 2017 gracias a una cuestionada resolución de la Corte Suprema de Justicia, que entonces él y su partido controlaban.
No había pasado mucho tiempo desde que JOH -como se conoce a Hernández en Honduras por sus iniciales- asumió por primera vez cómo presidente, cuando agentes estadounidenses antidrogas desplegados en el país centroamericanos empezaron a sospechar que el círculo íntimo del político, e incluso el mandatario mismo, estaban envueltos con narcotraficantes.
Tras una guerra contra los capos más importantes de los clanes hondureños la década pasada, librada por la DEA y jefes policiales hondureños a espaldas de Hernández, jefes criminales como El Cachiro fueron cercados y terminaron sirviendo de agentes infiltrados a los estadounidenses.
Cuando, en 2018, JOH fue juzgado en Estados Unidos luego de que terminó su periodo presidencial y fue extraditado a una corte neoyorquina, el testimonio de El Cachiro fue vital para el veredicto condenatorio que el jurado entregó el 8 de marzo pasado. Durante su aparición en la corte, Rivera Maradiaga dijo que había entregado sobornos a Hernández y a sus colaboradores y que, a cambio, el político había utilizado su influencia para expandir el negocio del narcotráfico en Honduras. En aquel juicio, a preguntas de uno de los defensores de JOH, El Cachiro también implicó a Carlos Zelaya al decir que también le había entregado sobornos; era un adelanto de lo que se ha visto en el video filtrado hace unos días a medios de comunicación.
A Carlos Zelaya y a su hermano Mel Zelaya también los implicó, en el juicio a Hernández, otro testigo, un hombre a quien los fiscales presentaron como José Sánchez, contador de un empresario hondureño que hacía tratos con narcos y financiaba campañas políticas. El contador dijo que habían entregado dinero de la droga a Hernández, y dijo que lo mismo habían hecho con los Zelaya en apoyo a campañas electorales.
Raymond Colon, uno de los abogados de Hernández, preguntó a otro testigo, el narco alcalde Alexander Ardón, si sabía que Héctor Manuel Zelaya, hijo de la presidenta Castro y Mel Zelaya y secretario privado presidencial, había participado en 2009 en una reunión con narcos en la que se planificó el asesinato de Julián Arístides González, entonces zar hondureño antidrogas. El juez Kevin Castel, quien dirigió los procedimientos judiciales contra Hernández, pidió al jurado obviar la pregunta y, en Honduras, Héctor Zelaya negó la acusación.
Todos aquellos sobornos, reuniones y alianzas de los que han hablado El Cachiro, el contador y otros testigos que han colaborado con la justicia estadounidense, ocurrieron, en principio, en el marco de las presidenciales de 2013. Si se ha de creer a esos testimonios, que ya sirvieron para condenar a Juan Orlando Hernández, el candidato que ganó aquellas elecciones, el bando contrario, que entonces como ahora lideraban Xiomara Castro y su esposo Manuel Zelaya, también ingresó dinero del narcotráfico. Al final, son los mismos testimonios que condenaron a JOH los que ahora embarran a los Zelaya Castro.
Extradición y defensa política de Xiomara Castro
Cuando, en Nueva York, los fiscales que acusaron a Hernández describieron Honduras hablaron de un país en el que la complicidad entre los narcotraficantes y lo más alto del poder político infiltró todas las instituciones del gobierno y facilitó la creación de un narcoestado. En aquel juicio, el asunto se limitó a JOH y a su partido, el Nacional, pero las pistas de que los tratos trascendían a un político y un partido quedaron sobre la mesa.
Antes del juicio a Hernández, Honduras había extraditado a Estados Unidos a Midence Oquelí Martínez Turcios, un político cercano a los Zelaya, también por narcotráfico. El cerco se estrechaba, ya no por el lado de JOH, sino por el de sus adversarios.
El Fiscal General de Honduras, basado en información recogida por cuatro de sus subalternos durante el juicio a Hernández, anunció en Honduras investigaciones a funcionarios y políticos mencionados por los narcos en el juicio de Nueva York. Carlos y Mel Zelaya estaban entre los citados a declarar en el Ministerio Público.
El 1 de septiembre, Carlos Zelaya fue al MP. Cuando salió dio unas declaraciones a periodistas que han revolucionado a Honduras: dijo Zelaya que renunciaría a su cargo como secretario del Congreso Nacional, y a su puesto en la burocracia interna de Libre, y habló de una reunión en la que se había hablado de dinero, pero aseguró que él nunca lo recibió y que su hermano Mel no sabía nada al respecto.
A las pocas horas renunció también José Manuel Zelaya, hijo de Carlos y ministro de defensa de Xiomara Castro.
Días antes de las renuncias, el 28 de agosto, la presidenta Castro había ordenado a su canciller, Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, que hasta entonces había servido para que llevar a cortes y cárceles estadounidenses a unos 50 hondureños, la mayoría hombres, acusados por delitos de narcotráfico y lavado de dinero. La decisión, dijo la mandataria, obedecía a los intentos de injerencia de Laura Dogu, embajadora de Washington, en la política local.
Tras la denuncia del tratado, la renuncia de Carlos Zelaya y la filtración del vídeo filmado por el narcotraficante conocido como El Cachiro en el que el cuñado de la presidenta aparece negociando dineros con el crimen organizado en nombre de Mel Zelaya, su hermano y esposo de Xiomara Castro, el oficialismo hondureño se ha atrincherado en una versión: todo el escándalo ha sido provocado por un intento de “fuerzas oscuras” de deponer a la mandataria y a su gobierno con un golpe de Estado. En esa versión, posibles peticiones de extradición de políticos oficialistas y militares leales a Castro son parte de un complot internacional y no la aplicación del mismo tratado de extradición que sirvió para juzgar, condenar y sentenciar a Juan Orlando Hernández, el adversario político.
Más allá de las líneas partidarias, pocos en Honduras dan crédito a esa versión. “Justificar la denuncia de un tratado bilateral, que ha resultado ser efectivo, por cuestiones de soberanía nacional es una justificación que no tiene ningún sustento, que es imposible de creer. Uno se queda con la sensación de que esto tiene que ver más con proteger a su círculo familiar y político cercano”, opina Joaquín Mejía, catedrático y especialista en litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia a la decisión de la presidenta Castro.
En el video en el que aparece Carlos Zelaya con los narcos también está Adán Fúnez, alcalde de Tocoa, en Colón (norte del país), y miembro de Libre, el partido oficialista. Fúnez ya había sido señalado en documentos judiciales estadounidenses y en procesos internos de investigación en Honduras por sospechas de vinculación al narco y de violaciones a derechos humanos. De acuerdo con un investigador hondureño que habló con Infobae desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma, Fúnez siempre ha gozado de la protección política de los Zelaya.
Hay otros que comparten la opinión del catedrático Mejía respecto a la versión oficial de que la renuncia de Carlos Zelaya es producto de un complot internacional. Dos funcionarios cercanos al gobierno actual, quienes también pidieron anonimato, restaron credibilidad a esa narrativa. “Eso de que hay un intento de golpe es un invento, lo que están haciendo es tratar de proteger a sus narcos”, dijo uno de ellos.
Otro de los consultados cree que la única forma de que Castro cierre este capítulo con decoro es que desista de denunciar el tratado de extradición: “Solo así podrá demostrar que no está defendiendo intereses mezquinos y particulares”, dijo este funcionario.
Tanto en Washington como en Nueva York, donde fiscales del distrito sur de esa ciudad continúan las investigaciones relacionadas con narcos hondureños, hay copias de todos los vídeos y grabaciones que criminales como Devis Leonel Rivera Maradiaga, “El Cachiro”, hicieron mientras fueron agentes encubiertos de la DEA. Otros narcos que ya fueron condenados y testificaron en contra de políticos ahora sentenciados, como el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández, han visto sus sentencias reducidas.
Por lo ocurrido en Honduras en los últimos días, parece que las grabaciones que esos narcos hicieron hace diez años seguirán provocando olas en la política del país centroamericano, que sigue siendo uno de los principales puentes de la cocaína que se mueve hacia el norte de América.
