- Autoridades señalan negligencia, omisión de protocolos y falta de coordinación operativa en la misión donde perdieron la vida cinco policías en Corinto, Omoa.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La comisión interventora de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) reveló este jueves una serie de hallazgos que apuntan a presuntas irregularidades administrativas, operativas e incluso posibles responsabilidades penales relacionadas con la misión en la que murieron cinco agentes policiales en Corinto, Omoa, Cortés.
El informe fue presentado por el viceministro de Seguridad, Mésil Marín Aguilar, quien aseguró que la comisión concluyó la fase de evaluación técnica, administrativa y operativa de la institución, encontrando múltiples inconsistencias en torno a la planificación y ejecución de la operación que terminó en tragedia.
“Se identificaron indicios que presumen la comisión de faltas administrativas y penales por parte de directivos de la Dipampco”, manifestó Aguilar al dar a conocer los resultados de la investigación.
Señalamientos contra la cúpula directiva
Entre los principales hallazgos, la comisión señala una supuesta inobservancia de los protocolos institucionales para el registro, control y autorización de operaciones policiales.
Asimismo, el informe establece posibles actos de negligencia o encubrimiento por parte de miembros del equipo directivo de la Dipampco respecto a la naturaleza, destino y propósito de la misión en la que perdieron la vida los cinco agentes.
Según Aguilar, también se detectó una omisión de la debida diligencia para evaluar los riesgos operacionales antes del despliegue, así como la falta de adopción de medidas de seguridad y coordinación que permitieran reducir los peligros para el personal participante.
A ello se suma una presunta falta al deber de informar oportunamente a los mandos superiores de la Policía Nacional sobre el desarrollo y desenlace de la operación.
Allanamiento sin orden judicial
Uno de los aspectos más delicados revelados por la comisión es que la operación no contaba con una orden judicial para ejecutar el allanamiento que motivó el despliegue policial.
De acuerdo con el informe, tampoco se cumplían los supuestos procesales necesarios para realizar una intervención sin autorización judicial, ni se elaboró la documentación requerida para validar este tipo de operaciones especiales.
Las autoridades consideran que estas omisiones representan graves incumplimientos a los procedimientos establecidos para actuaciones de alto riesgo.
Dudas sobre el verdadero objetivo de la misión
Otro de los hallazgos expuestos por la comisión apunta a inconsistencias en la planificación del operativo.
Según informes reservados citados por Aguilar, nunca existió la intención real de desarrollar una operación en el departamento de Colón, como inicialmente se habría planteado.
Por el contrario, desde el inicio de la misión el equipo policial se desplazó con dirección a Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés.
Además, el informe señala que no se coordinó acompañamiento ni apoyo operativo con las autoridades policiales destacadas en la zona donde se ejecutó la intervención, una situación que habría dejado a los agentes sin respaldo estratégico en una operación considerada de alto riesgo.
Una tragedia que marcó a la institución
La masacre ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando un grupo de agentes de la Dipampco realizaba una operación en el sector de Corinto, Omoa. Durante el despliegue fueron atacados y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en una zona montañosa del sector.
El hecho conmocionó a la institución policial y generó múltiples cuestionamientos sobre la planificación de la misión, la información de inteligencia disponible y las condiciones bajo las cuales fueron enviados los agentes al lugar.
Comisión continuará proceso de responsabilidades
La comisión interventora estuvo integrada por el subsecretario de Seguridad, Mésil Aguilar; el inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Farid Allan; el director de Inteligencia Policial, Hugo Leonel Velásquez Aguilera; y Juan Francisco Turcios Osorio, director de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).
Tras la presentación de los hallazgos, se espera que las autoridades determinen las responsabilidades administrativas y penales que puedan derivarse del caso, mientras continúan las investigaciones sobre uno de los episodios más trágicos registrados en la historia reciente de la Dipampco.
