- Comisión asegura respeto al debido proceso mientras avanza la investigación por irregularidades en comicios de 2025
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional de Honduras inició este martes la audiencia de testigos en el proceso contra cuatro funcionarios electorales señalados por presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, la Ley Electoral y por negligencia en el desempeño de sus cargos durante los comicios de 2025.
El secretario de la comisión, el diputado liberal Alberto Cruz, afirmó que esta etapa se desarrolla bajo el marco del debido proceso, garantizando el respeto a la Constitución y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
“Debemos cumplir lo que establece la Constitución, la ley y la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, subrayó el congresista, quien además indicó que los testigos tendrán el tiempo necesario para exponer sus testimonios.
Entre los primeros en comparecer se encuentran el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, y el exdirector del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Fuentes. Asimismo, fue convocado José Antonio Barahona, padre de la magistrada Miriam Barahona, fallecida recientemente.
El legislador recordó que en la jornada anterior se otorgó espacio para la defensa de los denunciados; sin embargo, únicamente compareció el magistrado del TJE Mario Morazán, mientras que el consejero del CNE Marlon Ochoa y los magistrados suplentes Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía no acudieron a la citatoria.
De acuerdo con Cruz, las denuncias se fundamentan en la presunta ruptura del quórum en las instituciones electorales sin justificación legal, lo que habría provocado alteraciones en el cronograma electoral, además de señalamientos por acoso laboral dentro del CNE y el TJE.
El diputado aclaró que la Comisión Especial tiene como función investigar los hechos y no emitir juicios de culpabilidad, ya que será el pleno del Congreso quien determine los pasos a seguir.
Finalmente, señaló que, aunque la Ley de Juicio Político podría requerir reformas, actualmente garantiza a los altos funcionarios el derecho a la defensa y a presentar pruebas de descargo dentro del proceso.
El desarrollo de estas audiencias se da en medio de cuestionamientos y expectativa sobre el alcance de las conclusiones que pueda emitir la comisión legislativa.
