El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU. admitió que expulsó por error a un ciudadano salvadoreño al que envió, en el marco de una controvertida deportación sumaria que afecta también a más de 200 venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en su país natal.
Tras la demanda interpuesta por la defensa del afectado, Kilmer Armado Abrego-García, contra los secretarios de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de Estado, Marco Rubio; la fiscal general, Pam Bondi, y varios altos cargos de ICE, el Gobierno ha argumentado que, al no estar ya bajo custodia estadounidense, no se puede cursar una orden para que se le retorne a EE.UU.
Según los abogados de Abrego-García, residente en el condado de Prince George en Maryland, en 2019 un informante aseguró que era miembro de la banda criminal MS-13 (Mara Salvatrucha), y aunque inicialmente se decretó que podía ser deportado, tras solicitar asilo un juez concedió una suspensión de dicha orden.
Tal y como muestran los documentos judiciales, funcionarios de ICE detuvieron el pasado 12 de marzo a Abrego-Garcia, le explicaron que su estatus había cambiado y lo enviaron a un centro de detención en Texas, desde donde fue enviado en uno de los tres aviones que el pasado 15 de marzo transportaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños a El Salvador, donde fueron confinados en el Cecot.
Tras el requerimiento, un funcionario de ICE admitió ante el juez que la expulsión de Abrego-García «fue un error», aunque al mismo tiempo argumenta que las autoridades actuaron con «buena fe».
«Fue un descuido y la expulsión se llevó a cabo de buena fe con base en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta membresía de Abrego-García en la MS-13», explicó el funcionario ante la corte.
La defensa alega que el Gobierno estadounidense no ha podido presentar ninguna prueba de que Abrego-García fuera miembro de MS-13, mientras que ICE consideró ante el juez que al demandante se le dio oportunidad de demostrar que no era un pandillero.
En el polémico operativo del pasado 15 de marzo, la mayor parte de los deportados, según el Gobierno, fueron desterrados con base en la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 para realizar deportaciones sumarias que invocó el presidente estadounidense, Donald Trump, argumentando que la banda criminal Tren de Aragua está invadiendo EE.UU.
Un juez federal bloqueó la implementación de la ley y, después de que una corte de apelaciones ratificara el bloqueo, el Gobierno acudió al Tribunal Supremo para que desestime la medida.
Ayer mismo, el Gobierno anunció el envío de otras 17 personas, a las que acusa de ser integrantes del Tren de Aragua y MS-13, al Cecot en El Salvador, en lo que supone un nuevo desafío de la Administración Trump a la judicatura.
Con información de EFE.
