Tomado de InSight Crime
El estado de excepción en Honduras ha llegado a seis meses de vigencia, pero, a pesar de las afirmaciones del gobierno y las cifras presentadas por la Policía Nacional, no ha tenido mucho impacto en las actividades de los grupos criminales.
El gobierno de Xiomara Castro implementó por primera vez un estado de excepción en diciembre 2022. Desde entonces, el estado de excepción ha sido extendido dos veces, y continuará hasta el 5 de julio. La política tiene como objetivo reducir la prevalencia de delitos como la extorsión, desmantelar los grupos criminales, reducir la violencia de las pandillas y disminuir la inseguridad que muchos hondureños enfrentan.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes disminuyó de 41.2 en 2021 a 35.8 en 2022, y la mayor parte de esos crímenes han sido atribuidos la MS-13 y el Barrio 18, las principales pandillas del país. Aun así, Honduras sigue siendo el país con la mayor tasa de homicidios en Centroamérica, y el segundo a nivel latinoamericano.
Según la Policía Nacional, el estado de excepción “ha posibilitado la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales, vinculados a maras y pandillas”. También indicaron que se ha logrado reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el último año, la contracción más significativa en casi dos décadas, con una reducción del 24 % en el índice de homicidios en comparación con el 2022.
En Choloma, un municipio de San Pedo Sula con una fuerte presencia del crimen organizado, los habitantes se sienten más seguros gracias al estado de excepción, dijo Lourdes Reyes, miembro de una junta vecinal de la zona. “Ha bajado la delincuencia y la violencia”, agregó.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han cuestionado los datos publicados por la policía. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) de inicios de año sobre el estado de excepción indicó que existe una falta de información, quejas del uso indebido de la fuerza y cifras que no coinciden con lo indicado por la policía.
Estas incongruencias entre las cifras policiales y los datos del informe generan dudas sobre la efectividad del estado de excepción en la lucha contra el crimen organizado y sugieren que el gobierno no tiene estrategias claras, ni tácticas integrales para reducir los niveles de inseguridad y violencia. La política ha mostrado pocos resultados en dos frentes: mitigar la violencia entre pandilla dentro de las prisiones y reducir la extorsión.
Pero el gobierno sigue con la esperanza de que el estado de excepción logre la paz. Desde la perspectiva del periodista e investigador en temas de seguridad Douglas Farah, quien conversó con InSight Crime, el estado de excepción “puede traer una paz momentánea, pero va a destruir el tejido social de la sociedad civil y trae consigo un autoritarismo que tiene consecuencias a largo plazo”.
Siguiendo el modelo de El Salvador
La estrategia de Castro ha sido comparada con la del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien ha logrado contener las altas tasas de delitos y homicidios por medio de extendidos estados de excepción que comenzaron en marzo de 2022. Bukele enfrenta serias acusaciones sobre el uso de tácticas autoritarias, pero defiende su efectividad, afirmando, el pasado 14 de febrero, que El Salvador “ha llegado a 300 días sin homicidios”.
Bukele también construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que puede albergar hasta 40,000 personas tras las rejas. Bajo el estado de excepción en El Salvador, más de 60,000 supuestos pandilleros han sido arrestados, lo que deja al país con la tasa de población carcelaria más alta del mundo.
La estrategia de Bukele, conocida como “mano dura”, ha sido exitosa en términos de desarticulación de las pandillas y disminución de las tasas de violencia. Su enfoque también ha recibido reconocimiento por su eficacia, pero parte de ese renombre es el resultado de sus esfuerzos por controlar la percepción de sus políticas y generar atención sobre ellas.
Castro cree que “imitando a Bukele puede recuperar algo de popularidad”, señaló Farah, y, al igual que Bukele, ha sacado de los cuarteles a los militares para hacer labores de vigilancia y redadas.
Sin embargo, Bukele ha sido ampliamente criticado por el uso desmedido de la fuerza y las violaciones de derechos humanos por parte de elementos militares. Su gobierno ha perdido credibilidad internacional debido a los abusos cometidos contra los derechos humanos y a la distorsión del sistema judicial, afirmó Farah.
Andrés Daugaard, coordinador de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), explicó que una de las razones para el éxito de Bukele es la poca oposición política que ha enfrentado. «Bukele en El Salvador tiene control sobre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, Legislativo, en un grado que está muy lejos de Honduras».
Además, hay una clara diferencia en la capacidad de cada país para hacer cumplir sus estados de excepción, dijo Daugaard a InSight Crime: «Básicamente, la policía y el ejército de El Salvador doblan [a los de Honduras], y tienen un mayor presupuesto. Mientras que, en Honduras, Xiomara ha priorizado menos la implementación [de la política]».
De acuerdo con un informe reciente de ASJ, otras dificultades han sido la desactivación de las cámaras de vigilancia, una disminución del pie de fuerza policial y la huelga de trabajadores del Ministerio Público.
Las extorsiones y otros delitos continúan
El estado de excepción en Honduras ha hecho poco para detener a las maras y pandillas, que siguen extorsionando al sector del transporte. En algunas áreas del país, como San Pedro Sula, surgieron dos nuevas presuntas maras en los últimos meses.
“Los grupos criminales que realizan esas prácticas delictivas ya no son solo las dos principales maras del país, la MS-13 y Barrio 18”, dijo Nelson Fernández Toro, presidente de la Asociación de Transporte de Honduras, en entrevista con InSight Crime. “Ahora se han sumado más maras, como la M1 y los Iluminati”.
Aún con el estado de excepción, los transportistas a nivel nacional viven con miedo, ya que “realizan las denuncias por las extorsiones que sufren y no hay respuestas adecuadas por parte de las autoridades”, dijo Fernández Toro.
Daugaard habló con un dueño de varios buses en Tegucigalpa a quien, por no pagar la extorsión, hace un mes le quemaron un bus.
Por su parte, Fernández Toro cuestionó que no se ven patrullas policiales o contingentes militares vigilando las zonas, barrios o colonias incluidas en el estado de excepción en San Pedro Sula.
Desde el inicio del año, y en el contexto del estado de excepción, aproximadamente 50 personas han sido asesinadas en al menos 12 masacres. Entre ellos, un subinspector de la Policía fue asesinado por miembros de la mara Barrio 18 y, según medios locales, en el sector transporte se contabilizan 27 asesinatos en lo que va de 2023.
La violencia en las prisiones
Durante el estado de excepción, las maras (MS-13 y Barrio 18) han tenido disputas y amotinamientos en algunos centros penales por el control del centro penal o una buena parte del mismo, como ocurrió con la penitenciaría nacional en Támara, en el departamento de Francisco Morazán, en abril pasado.
Durante el estado de excepción, las pandillas se han amotinado en un intento por tomar el control total o parcial de las cárceles. En abril, se produjeron motines —casi simultáneos— en cuatro prisiones, lo cual demuestra los eficientes canales de comunicación que existen entre las maras, los altos niveles de coordinación en los diferentes centros penales y el poder que conservan estas estructuras criminales. En ese mes, las pandillas lograron rebasar a las autoridades penitenciarias y tomar el control de la Penitenciaría Nacional de Támara.
Como respuesta, el gobierno promulgó un plan de 10 medidas para intervenir las cárceles y reducir la violencia, pero la estrategia ha sido criticada por su similitud con las medidas que tomó Bukele en El Salvador. Entre las medidas se destacan la posibilidad de remover todas las armas de las prisiones, bloquear la señal para teléfonos celulares, y una purga de oficiales penitenciarios corruptos.
Las autoridades también han pensado en agrupar a los miembros de las mismas pandillas en cárceles separadas. Sin embargo, investigaciones de InSight Crime han encontrado que a pesar de que estas políticas generan menos violencia, fortalecen a las pandillas internamente, propiciando la comunicación y organización entre los líderes y miembros de los grupos.
Honduras parece no lograr avances sostenibles en la lucha contra los grupos de crimen organizado. En las prisiones, la violencia entre maras continúa y la extorsión al transporte nacional podría incrementar con el surgimiento de nuevos grupos. De hecho, los transportistas dicen que el estado de excepción “no ha dejado ningún resultado positivo”.
Daugaard sugiere que otras estrategias como “darles oportunidades y alternativas a los jóvenes, acceso a la educación y salud” podría reducir la criminalidad en el país.
También —afirmó Daugaard— es necesario cambiar el enfoque de investigación de la Policía para tener mejores resultados. En la actualidad se persigue y encarcela “a las personas que mueven dinero en efectivo por extorsión, y así solo agarran a bajos mandos y no llegan a las cabecillas”, y en cambio recomienda “usar el enfoque de seguir el dinero, ya que hay grandes cantidades de dinero que mueven los grupos criminales”.
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