La comisión interventora del Servicio Civil detectó por lo menos 10 mil empleados públicos contratados en el último mes del gobierno nacionalista sin reunir los requisitos de idoneidad al cargo, como motoristas sin licencia de conducir y “odontólogos” que no lo eran, según el informe de la comisión interventora a esa entidad.
El reporte ha sido entregado a la Presidenta Xiomara Castro para que a su vez decida el destino de estos trabajadores aún en funciones dentro del gobierno, dijo el viceministro de Gobernación, Sergio Coello, quien preside la comisión interventora.
El documento contiene además un diagnóstico real de todas las contrataciones del gobierno de la presente y anterior administración y propone una auditoría general al Servicio Civil desde julio del 2009 para determinar la legalidad de cada contrato de trabajo de los empleados públicos desde entonces, expuso el funcionario.
La comisión sugiere además elaborar una nueva normativa de puestos y salarios para fortalecer el Servicio Civil considerando que se trata del cerebro de la administración pública adonde deben llegar los profesionales de acuerdo a su perfil académico para cada puesto de trabajo, señaló Coello.
Salud, Educación, Finanzas, Gobernación, Migración y Senasa son las instituciones del gobierno con más contrataciones al margen de la ley entre diciembre del 2021 y antes del 27 de enero del 2022, cuando la Presidenta Castro asumió el poder, según el informe.
Mientras que el gobierno actual ha contratado a por lo menos 14 mil nuevos empleados, pero cumpliendo los requisitos, subrayó el viceministro.
Agregó que el director de esa dependencia, Leonardo Bu, sigue suspendido hasta que la interventora complete sus funciones de seis meses conforme al decreto firmado por la Presidenta Castro.
