- La baja ejecución de los recursos destinados a obras y proyectos amenaza con limitar el crecimiento, la generación de empleo y la calidad de los servicios que recibe la población.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La baja ejecución de la inversión pública en Honduras genera preocupación entre economistas, quienes advierten que el lento ritmo de gasto podría provocar una aceleración de última hora durante los meses finales de 2026, con riesgos para la calidad y oportunidad de los proyectos.
La economista Amparo Canales llamó a las autoridades a reflexionar sobre el comportamiento del Programa de Inversión Pública, que a cuatro meses de finalizar el año apenas supera el 30 % de ejecución.
“Hay que llamar a la reflexión porque la inversión pública es lo que contribuye al crecimiento económico”, manifestó Canales, al señalar que el retraso en la ejecución limita el impacto que los recursos estatales pueden generar en la economía.
A su criterio, intentar acelerar considerablemente el gasto en los últimos meses del año puede convertirse en un riesgo, debido a que la presión por ejecutar los fondos podría afectar la calidad de las obras o provocar que estas lleguen tarde a la población.
Canales también señaló que más de 20 instituciones presentan niveles de ejecución presupuestaria de entre 30 % y 35 %, incluyendo entidades consideradas importantes para el desarrollo del país.
Entre los casos que generan mayor preocupación mencionó al Instituto Hondureño de Turismo, con una ejecución cercana al 24 % o 25 %, y al Instituto Nacional de Estadística (INE), que registra apenas un 11 %.
La economista advirtió que estos retrasos no solo representan recursos que permanecen sin ejecutarse, sino que pueden traducirse en dificultades para entregar servicios de manera oportuna y eficiente a los hondureños.
Inversión productiva, el mayor rezago
La preocupación también fue expresada por la economista Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, quien cuestionó el comportamiento de la inversión productiva dentro del Presupuesto General de la República 2026.
Castillo señaló que, de los 444 mil millones de lempiras aprobados para este año, hasta finales de agosto se había ejecutado alrededor del 52 %, cuando para este momento el avance debería rondar el 67 %, es decir, aproximadamente dos terceras partes del presupuesto.
El mayor ritmo de ejecución se concentra en los gastos corrientes. Los sueldos y salarios alcanzan cerca del 58 %, la adquisición de bienes y servicios ronda el 62 % y las transferencias llegan al 55 %.
En contraste, de los 16 mil millones de lempiras destinados a inversión productiva, únicamente se habían ejecutado 5,271 millones, equivalentes al 34 %.
“Donde más importancia se le debería de dar es a la inversión productiva”, sostuvo Castillo, al considerar necesario agilizar los procedimientos para evitar que los fondos destinados a proyectos permanezcan sin utilizarse.
La economista destacó que la inversión pública tiene un papel fundamental en la generación de empleo, la ejecución de obras y la dinamización de la economía, por lo que su bajo nivel de ejecución representa una oportunidad perdida para el desarrollo.
Presupuesto 2027 bajo la lupa
Ante este panorama, Amparo Canales consideró que el desempeño de las instituciones debe ser tomado en cuenta en la elaboración del Presupuesto General de la República para 2027, cuyo proyecto deberá ser presentado próximamente por la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional.
A su juicio, el próximo presupuesto debe incorporar una estrategia que permita una ejecución más eficiente y efectiva de los recursos públicos.
Además, sostuvo que para 2027 ya no deberían utilizarse como justificación los cambios de Gobierno o los procesos de reorganización institucional, por lo que demandó mayor claridad, planificación y capacidad de ejecución.
“La baja ejecución es en detrimento de la entrega de servicios a la población hondureña”, enfatizó.
Las advertencias de ambas economistas ponen nuevamente el foco sobre un desafío recurrente de las finanzas públicas hondureñas: no basta con aprobar millonarios presupuestos si los recursos destinados al desarrollo no terminan convirtiéndose, a tiempo, en obras, empleos y mejores servicios para la población.
