• Hernández asegura que la declinatoria del juez natural genera dudas sobre la imparcialidad del proceso, mientras su defensa busca evitar que el expediente pase a la jurisdicción de Criminalidad Organizada.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El expresidente Juan Orlando Hernández denunció este viernes una supuesta persecución política luego de que el juez natural designado para conocer el proceso en su contra por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos se declarara incompetente para continuar con el caso, una decisión que el exmandatario calificó como un cambio de criterio “abrupto” y sobre la que cuestionó las razones que la motivaron.
A través de sus redes sociales, Hernández expresó su inconformidad con la determinación del juez y dejó entrever que detrás de la resolución podría existir una motivación política.
“Ahora me encuentro que el juez natural que me citó para comparecer a la audiencia inicial el 3 de agosto abruptamente cambió de opinión. ¿Qué lo habrá hecho cambiar de opinión?”, escribió el exgobernante.
Asimismo, afirmó que no quisiera creer que la decisión forme parte de “la misma persecución política” que, según él, ha denunciado desde que comenzó a ser investigado por la justicia hondureña.
Juez declina conocer el caso
La controversia surgió luego de que el juez natural designado inicialmente para conocer el expediente determinara que ya no existen las condiciones constitucionales para que la Corte Suprema de Justicia continúe conociendo el proceso.
El togado argumentó que la investigación ya no involucra a un alto funcionario en ejercicio que justifique la competencia del máximo tribunal del país.
Aunque los hechos investigados corresponden al período en que Hernández fungía como diputado del Congreso Nacional, actualmente el expresidente no ocupa ningún cargo público.
Bajo ese criterio, el expediente podría ser remitido al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, instancia que asumiría el conocimiento del proceso si la declinatoria es confirmada.
Defensa intenta mantener el caso en la Corte
En respuesta a esa decisión, la defensa del exmandatario presentó este viernes un recurso de reposición con el propósito de impedir que el expediente sea trasladado a otra jurisdicción y continúe bajo conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que ahora corresponderá al mismo juez resolver si mantiene o revoca su decisión. En caso de ratificar la declinatoria, el expediente será remitido al órgano jurisdiccional competente en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
“Voy a enfrentar la justicia”
Pese a sus cuestionamientos al sistema judicial, Hernández reiteró que comparecerá voluntariamente a la audiencia de declaración de imputado programada para el próximo 3 de agosto.
“Así como enfrenté la justicia de Estados Unidos, voy a enfrentar la justicia hondureña, porque la verdad no la pueden esconder”, manifestó.
El exmandatario recordó además que durante seis meses solicitó el levantamiento de la orden de captura emitida en su contra, petición que fue admitida de forma provisional en junio pasado, insistiendo en que las actuaciones judiciales forman parte de una persecución política en su contra.
Un nuevo capítulo judicial
El caso, denominado “Pandora II”, investiga a Hernández por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos. La investigación también alcanzó al expresidente Porfirio Lobo, quien fue favorecido con un sobreseimiento definitivo.
La nueva controversia judicial se produce apenas unos días después del regreso de Hernández a Honduras, el pasado 26 de julio, tras recibir un indulto total por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que le había sido impuesta en ese país por delitos relacionados con narcotráfico, luego de haber sido extraditado en 2022.
Ahora será la justicia hondureña la que deberá definir qué tribunal continuará conociendo el proceso contra el exmandatario, quien, pese al indulto recibido en Estados Unidos, vuelve a enfrentar un proceso penal en el país por presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
