- Fiscal general denuncia ataques externos mientras crecen voces que piden interpelación e incluso juicio político en el nuevo Congreso
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El fiscal general de la República, Johel Zelaya, conmemoró este martes 6 de enero de 2026 el 11 aniversario de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en medio de un escenario marcado por cuestionamientos a su gestión, denuncias de presiones externas y crecientes llamados políticos para que rinda cuentas ante el Congreso Nacional de Honduras.
A través de su cuenta en la red social X, Zelaya reconoció el trabajo de la ATIC y aseguró que el Ministerio Público de Honduras mantiene su compromiso con la justicia, “incluso frente a ataques constantes y presiones externas”, afirmando que no permitirá la impunidad de grupos que han atentado contra las finanzas públicas y el orden democrático del país.
Una agencia clave que perdió protagonismo
La ATIC inició operaciones el 6 de enero de 2015, con la misión de investigar delitos de alto impacto mediante equipos especializados en investigación criminal.
En sus primeros años, encabezó operaciones contundentes contra la criminalidad organizada, el sicariato, maras y pandillas, así como el narcotráfico, lo que le valió reconocimiento internacional por resultados tempranos y golpes certeros.
Sin embargo, sectores críticos señalan que, desde la llegada de Zelaya a la Fiscalía General, la ATIC perdió protagonismo como brazo investigador del Estado, quedando —según analistas— debilitada frente a su rol histórico dentro del Ministerio Público.
“En este 11 aniversario de fundación de la ATIC, saludo y reconozco a sus agentes, quienes cumplen una misión patriótica al investigar el delito con profesionalismo e independencia, especialmente en casos sensibles y de alto impacto”, expresó Zelaya en su mensaje.
Advertencias políticas y posible juicio
Las felicitaciones institucionales contrastan con el creciente clima político adverso.
Este mismo día, la designada presidencial electa María Antonieta Mejía no descartó que el próximo Congreso considere un juicio político contra el fiscal general, al acusarlo de entorpecer el desarrollo del pasado proceso electoral.
Mejía advirtió que las acciones emprendidas contra consejeras del Consejo Nacional Electoral y otros hechos que —a su criterio— afectaron la institucionalidad, podrían abrir la puerta a un proceso de responsabilidad política en el Legislativo.
Exfiscal exige interpelación
A estas voces se sumó la exfiscal Nilia Ramos, quien reiteró que el nuevo Congreso debe interpelar a Johel Zelaya para que explique la ausencia de requerimientos fiscales en múltiples denuncias de corrupción conocidas públicamente.
“El fiscal general nos debe mucho porque llegó con el propósito de perseguir a la oposición, mas no a la gente del partido que lo nombró. El caso de SEDESOL es evidente y no presentó requerimiento fiscal; han pasado casi cinco meses y seguimos en el limbo”, afirmó Ramos.
Casos señalados y fondos sin esclarecer
Ramos enumeró expedientes que, según dijo, no han sido investigados con la debida diligencia, entre ellos el “gramillazo”, el “planillazo”, el “narcovideo” y un presunto uso de más de 800 millones de lempiras en el Congreso Nacional, destinados a la alimentación de diputados.
También cuestionó las subvenciones otorgadas por la Secretaría de Gobernación a cerca de 76 diputados, señalando que no existe claridad sobre el destino de esos recursos.
“Todas estas cosas no fueron investigadas; en cambio, el Ministerio Público se concentró en presentar requerimientos contra figuras como Nelson Márquez, procesos que al final quedarán en nada”, sostuvo.
Aniversario bajo la lupa
Así, el 11 aniversario de la ATIC se conmemora en un contexto de tensión institucional, donde el fiscal general defiende su gestión y denuncia presiones, mientras crecen los cuestionamientos políticos y sociales sobre el rumbo del Ministerio Público y el papel real de su principal brazo investigador.
El debate ahora se traslada al nuevo Congreso Nacional, que deberá decidir si llama a cuentas al fiscal general, evalúa su permanencia o mantiene el statu quo en una de las instituciones clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
