- Los exfuncionarios reaccionaron a la preocupación internacional por el marco jurídico de los juicios políticos y las destituciones en Honduras, y advierten que las decisiones adoptadas podrían tener consecuencias jurídicas e históricas.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Las advertencias sobre posibles consecuencias jurídicas e históricas marcaron las reacciones del exfiscal general Johel Zelaya y del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, tras conocerse el pronunciamiento de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, relacionado con el marco jurídico que regula los juicios políticos y las destituciones en Honduras.
Zelaya, quien fue separado del Ministerio Público, sostuvo que la injusticia no será permanente y afirmó que la comunidad internacional observa con cautela lo que ocurre en el país. En un mensaje publicado en sus redes sociales, expresó su confianza en que la verdad saldrá a la luz y que las eventuales resoluciones judiciales estarán sustentadas en el derecho.
«No hay injusticia perpetua. Hoy la comunidad internacional observa con cautela y la verdad saldrá a la luz», escribió el exfiscal.
En su pronunciamiento, también cuestionó las actuaciones que considera arbitrarias y señaló al Poder Ejecutivo por su supuesta vinculación con esas decisiones. «¡Habrá justicia!», concluyó, en un mensaje en el que anticipó que el pueblo hondureño también hará una valoración histórica de lo ocurrido.
Morazán denuncia abusos y anticipa consecuencias internacionales
Por su parte, el exmagistrado del TJE Mario Morazán manifestó que el ejercicio del poder mediante la fuerza no será permanente y aseguró que espera que prevalezcan la justicia, la verdad y la reparación.
«El Derecho de la Fuerza de que se han valido, no será eterno: habrá Justicia, Verdad y Reparación», expresó.
Morazán fue más allá y cuestionó los procedimientos de juicio político, además de denunciar supuestas irregularidades en los resultados electorales y en la asignación de curules legislativas. Según su planteamiento, estos hechos podrían ser examinados en instancias internacionales y derivar en sentencias.
Sus declaraciones constituyen señalamientos del exmagistrado y no equivalen, por sí mismos, a determinaciones judiciales sobre las presuntas irregularidades denunciadas.
La mirada internacional aumenta la presión
Las reacciones se producen en medio del debate sobre las garantías jurídicas de los procesos de juicio político y destitución en Honduras, después de que una relatora especial de la ONU trasladara preocupaciones al Gobierno de Nasry Asfura sobre el marco normativo aplicable.
El pronunciamiento vuelve a colocar bajo escrutinio internacional los mecanismos utilizados para separar a funcionarios de sus cargos y las garantías de independencia judicial que deben acompañar estos procedimientos.
Mientras Johel Zelaya y Mario Morazán anticipan que la verdad y la justicia terminarán imponiéndose, sus declaraciones reflejan la creciente confrontación política y jurídica en torno a las destituciones y las actuaciones de las instituciones hondureñas.
El desenlace dependerá de los procedimientos legales que se impulsen y de las decisiones que adopten las instancias competentes.
