- El caso reaviva el debate sobre los L7 millones aprobados para traslados médicos de emergencia, que —según la diputada liberal Erika Urtecho— fueron trasladados al presupuesto de Salud por decisión del entonces presidente del Congreso, Luis Redondo.
ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. –
La falta de recursos económicos para cubrir el costo de un traslado aéreo de emergencia provocó la muerte de Diana Lorena Hernández Moradel, una joven de 27 años que permanecía internada en el Hospital Público de Satuye, en Roatán, Islas de la Bahía.
De acuerdo con información confirmada por fuentes hospitalarias, la paciente padecía una malformación congénita cerebral y requería ser trasladada de urgencia a otro centro asistencial para recibir una intervención especializada.
El traslado estaba programado para el domingo 15 de febrero, pero no pudo concretarse debido a que su familia no logró reunir los fondos requeridos.
Inicialmente, el costo del combustible para la ambulancia aérea de la Fuerza Aérea Hondureña ascendía a 17,300 lempiras; sin embargo, el monto posteriormente se elevó a 25,578 lempiras, cifra que tampoco pudo ser cubierta a tiempo.
Como alternativa, se evaluó contratar un vuelo privado, cuyo costo rondaba los 4,000 dólares (casi 106,000 lempiras), suma igualmente inalcanzable para los familiares.
Mientras se realizaban gestiones para conseguir el dinero, el personal médico mantuvo a la joven bajo cuidados intensivos.
No obstante, durante la espera, Diana Lorena sufrió un paro respiratorio que le provocó la muerte el domingo 16 de febrero.
El caso generó consternación entre la población de Roatán, donde ciudadanos y sectores sociales cuestionan la falta de mecanismos que garanticen traslados médicos oportunos sin que los costos económicos se conviertan en una barrera que ponga en riesgo la vida de los pacientes.
Cuestionamientos sobre fondos aprobados
Tras el fallecimiento, la diputada Erika Urtecho expresó sus condolencias a la familia de la joven y lamentó que este tipo de tragedias continúe ocurriendo en zonas vulnerables del país, especialmente en Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
La congresista recordó que estas situaciones motivaron la aprobación de la Ley para el Traslado de Emergencias de Pacientes, iniciativa que contemplaba la asignación directa de siete millones de lempiras a la Fuerza Aérea Hondureña para garantizar combustible y operatividad inmediata de vuelos médicos urgentes.
Sin embargo, aseguró que la normativa no se está ejecutando como fue concebida originalmente.
Según explicó, durante el proceso legislativo se realizaron modificaciones que cambiaron el destino de esos fondos, los cuales —afirmó— fueron trasladados a un renglón presupuestario de la Secretaría de Salud durante la presidencia del Congreso encabezada por Luis Redondo.
La modificación quedó oficializada mediante su publicación en el diario oficial La Gaceta el 20 de agosto de 2025.
Urtecho denunció que, en la práctica, la falta de disponibilidad de estos recursos ha obligado en múltiples ocasiones a autoridades locales y representantes políticos a cubrir de su propio bolsillo el combustible para vuelos de emergencia.
Relató que incluso recientemente, junto a un alcalde municipal, tuvo que asumir ese gasto para trasladar a un paciente hacia San Pedro Sula, quien posteriormente falleció.
La diputada cuestionó el paradero y uso real de los siete millones de lempiras aprobados para estos fines y aseguró que el tema ya fue planteado ante el presidente de la República y autoridades militares, con el objetivo de evitar que más pacientes pierdan la vida por la falta de financiamiento para traslados médicos urgentes.
