- La diputada por Copán enfrenta 67 cargos por fraude; la medida busca frenar cualquier influencia política mientras avanza la investigación por desvío de fondos públicos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Un juez ordenó la suspensión del cargo de la diputada Isis Cuéllar como parte de las medidas cautelares en el proceso penal conocido como caso “Chequesol”.
La resolución también le impuso arresto domiciliario, prohibición de salir del país y restricción de comunicación con los demás imputados, con el objetivo de resguardar el desarrollo de la investigación.
La decisión judicial incluye apartarla de sus funciones legislativas, pese a haber sido recientemente electa por el departamento de Copán, para evitar cualquier tipo de influencia desde su cargo mientras avanza el proceso penal.
Tras la audiencia de imputados, el juez natural determinó dictar arresto domiciliario a Cuéllar, acusada de 67 delitos de fraude vinculados al presunto drenaje de fondos públicos.
En la misma causa comparecieron Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda y Rossy Yanira Ramírez Gonzales, a quienes también se les impuso arresto domiciliario.
Otros procesados
Entre las personas beneficiadas con arresto domiciliario figuran Casandra Gáleas Arias (también identificada como Eleny Kassandra Gáleas Arias), Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano (Ilsy Valeska Baquedano Mejía), Paola Pérez (Iris Paola Pérez Moreno), excuñada de la diputada, y el exministro José Carlos Cardona.
A todos se les imputan delitos de fraude relacionados con fondos destinados a programas de desarrollo económico y social, principalmente en Copán.
La investigación apunta a irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a los beneficiarios finales y habrían sido desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.
El origen del caso
El expediente tomó fuerza tras la difusión de un video en el que Cuéllar conversa con Cardona —entonces titular de Secretaría de Desarrollo Social— sobre el uso de dinero público para actividades de campaña del oficialista Partido Libertad y Refundación.
En el material audiovisual, la congresista detalla la entrega de “kits” políticos valorados en alrededor de 125 mil lempiras cada uno, con equipos y artículos promocionales.
Tras la revelación, Cardona dejó el cargo y el partido anunció sanciones internas contra Cuéllar; sin embargo, la diputada recobró vigencia política hasta que, este lunes, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal con orden de captura contra ella, Cardona y otras diez personas, dando paso a las medidas dictadas por el juzgado.
