- La exdiputada nacionalista y actual delegada presidencial en el gobierno de Nasry Asfura fue favorecida con sobreseimiento definitivo por el caso de los materiales destinados a un proyecto de electrificación en La Ceibita, La Paz.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La justicia hondureña puso punto final al proceso penal que enfrentaba la exdiputada nacionalista y actual delegada presidencial Gladis Aurora López, luego de que una Corte de Apelaciones dictara sobreseimiento definitivo a su favor en el expediente relacionado con la presunta malversación de materiales destinados a un proyecto de electrificación en la comunidad de La Ceibita, municipio de Opatoro, La Paz.
La resolución también favorece a los demás procesados dentro del expediente y deja sin efecto la causa por el delito de malversación de caudales públicos por uso diferente, vinculada a materiales gestionados mediante el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode), para una obra cuyo costo rondaba los 800 mil lempiras.
Entre los otros involucrados figuraban Mario Ricardo Cardona Flores, Wilmer Giovanni Vásquez y Ricardo Padilla Ordóñez.
Tras conocer la resolución, López sostuvo que las pruebas incorporadas al proceso permitieron demostrar que su participación se limitó a gestionar los materiales para beneficiar a la comunidad.
Según explicó, en 2018 solicitó los insumos mediante una carta, mientras que el proyecto fue desarrollado posteriormente por la municipalidad. Aseguró además que nunca recibió ni tuvo bajo su control los materiales cuya desaparición o destino originó la investigación.
Uno de los principales argumentos de la exparlamentaria fue que ella misma acudió al Ministerio Público el 10 de mayo de 2024 para denunciar que los materiales no habían llegado a la comunidad, meses antes de que la Fiscalía presentara el requerimiento fiscal en su contra, en diciembre de ese año. López sostiene que, al conocer que existía un problema con los insumos, pidió que se investigara qué había ocurrido.
Durante el proceso, la exdiputada también cuestionó algunas de las pruebas utilizadas en su contra.
Mencionó, entre otros elementos, una constancia en la que una persona habría asegurado no haber recibido los materiales, pese a que —según López— existe un video institucional donde esa misma persona aparece recibiéndolos y agradeciendo por su entrega en representación de autoridades municipales.
Asimismo, cuestionó una certificación relacionada con transformadores emitida en San Pedro Sula.
A su criterio, las características consignadas en ese documento no correspondían con los equipos utilizados en proyectos de electrificación rural como el de La Ceibita.
Por ello, afirmó que solicitó peritajes técnicos, copias certificadas de su denuncia y la comparecencia de personas vinculadas con la recepción de los materiales.
López lamentó que algunas de las diligencias que pidió durante el proceso no se hayan practicado y aseguró que en determinado momento llegó a considerar que ella era el principal objetivo de la acusación.
Sin embargo, tras conocer el sobreseimiento definitivo, manifestó que continuará confiando en el sistema de justicia y resumió su reacción con una frase: “Se hizo justicia”.
La exdiputada también recomendó a las personas que enfrenten procesos judiciales comparecer ante las autoridades y presentar las pruebas que respalden su posición.
Recordó que decidió enfrentar personalmente el proceso y reiteró que, desde que conoció el problema con los materiales, buscó que se esclareciera su destino.
La causa penal termina, pero el misterio continúa
Aunque el sobreseimiento definitivo cierra el proceso penal contra López y los demás involucrados, permanece sin respuesta una de las principales interrogantes que dio origen al caso: qué ocurrió finalmente con los transformadores y demás materiales destinados al proyecto de electrificación de La Ceibita.
López sostiene que el cierre de la causa no debería significar el abandono de esa pregunta.
Por ello, pidió al Ministerio Público continuar investigando el destino de los insumos, verificar las actuaciones de quienes participaron en el procedimiento y contrastar las declaraciones existentes con los documentos, registros y videos relacionados con la entrega.
Así, mientras la resolución judicial pone fin al proceso penal contra la exparlamentaria y los demás acusados, queda pendiente esclarecer el destino final de los materiales que dieron origen a una investigación que se prolongó durante varios años.
