- Wagner Vallecillo confirma el respaldo del Poder Judicial a la nueva estrategia de seguridad y anuncia medidas especializadas para atender los casos vinculados con estructuras criminales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, anunció que el Poder Judicial ya trabaja en el diseño de un circuito judicial especializado para atender los procesos relacionados con estructuras criminales, como parte de las nuevas medidas de seguridad impulsadas por el Estado hondureño.
El anuncio se produce luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) adoptara decisiones para fortalecer las herramientas legales contra el crimen organizado y de que el Congreso Nacional aprobara por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.
Vallecillo aseguró que la institución brindará el respaldo necesario para la implementación de la estrategia, aunque señaló que se deberán esperar las reformas correspondientes para avanzar en el funcionamiento del circuito especial.
«De parte de nosotros, del Poder Judicial de Honduras, van a recibir todo el respaldo necesario», afirmó el magistrado presidente.
El titular de la CSJ explicó que los casos derivados de las nuevas disposiciones serán atendidos mediante mecanismos judiciales especializados, con el propósito de establecer una respuesta institucional frente a las organizaciones criminales.
Medidas de seguridad para jueces y personal judicial
Uno de los componentes contemplados en la nueva normativa es la implementación de medidas especiales de protección para jueces y personal judicial que participen en procesos relacionados con organizaciones declaradas terroristas.
La disposición busca atender los riesgos asociados con la investigación y el juzgamiento de casos vinculados a estructuras criminales, en un contexto donde las autoridades pretenden reforzar la coordinación entre los organismos de seguridad y justicia.
El diseño del circuito judicial especializado deberá avanzar conforme a las reformas legales y a las competencias establecidas para cada institución.
Régimen penitenciario con mayores restricciones
La ley aprobada por el Congreso Nacional también establece disposiciones especiales para personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad o vinculadas con asociaciones declaradas terroristas, maras y pandillas.
Entre las medidas contempladas se encuentran:
- Aislamiento individual en celdas de máxima seguridad, conforme a las condiciones previstas en la normativa.
- Restricciones a las comunicaciones y controles sobre las visitas.
- Regulación del uso de dispositivos electrónicos y otros mecanismos de contacto.
Estas disposiciones forman parte del nuevo marco legal que busca fortalecer el control penitenciario y limitar las posibilidades de coordinación de actividades criminales desde los centros de reclusión. Su aplicación deberá desarrollarse bajo las resoluciones y garantías establecidas por el ordenamiento jurídico.
CSJ reconoce el desafío para las instituciones
Vallecillo sostuvo que las decisiones adoptadas representan un reto para las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, pero consideró necesario avanzar en nuevas acciones ante los niveles de violencia que afectan al país.
El presidente del Poder Judicial afirmó que la Corte Suprema de Justicia acompañará el proceso dentro de sus atribuciones y que la aplicación de las medidas deberá respetar el marco establecido por las reformas legales.
Con el anuncio del circuito especializado, la CSJ se incorpora a la estrategia interinstitucional impulsada por el Estado hondureño, en una etapa en la que las autoridades buscan poner en marcha nuevas herramientas contra las estructuras criminales y fortalecer la respuesta judicial ante los casos derivados de esta política de seguridad.
El siguiente desafío será convertir las reformas aprobadas y el diseño institucional en procedimientos judiciales operativos, con protección para los operadores de justicia y respeto a las garantías que correspondan en cada proceso.
