- El diputado defendió las reformas penales para combatir las estructuras criminales y aseguró que el Estado no ignorará los derechos de las familias hondureñas que viven bajo amenazas de extorsión.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, Kilvett Bertrand, reaccionó luego del pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que expresó preocupación por los posibles riesgos a las garantías fundamentales derivados de las recientes reformas penales aprobadas en Honduras.
El parlamentario aseguró que el Estado no dará marcha atrás en las medidas adoptadas para combatir las estructuras criminales y adelantó que hará caso omiso a las observaciones del organismo internacional, al considerar que las decisiones buscan recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños.
«Vamos a hacer caso omiso a su posicionamiento, porque en este caso es una decisión que ha sido tomada por parte del Estado para recuperar la paz y la tranquilidad de todos los hondureños», manifestó Bertrand.
El diputado defendió el endurecimiento de las acciones contra las organizaciones criminales y sostuvo que los derechos humanos también deben garantizarse a las familias que viven bajo amenazas de extorsionadores.
«Vamos a defender los derechos humanos de los humanos que andan derechos en este país y a los que no, a los que han equivocado el camino, solamente les queda un lugar, que es estar en las cárceles en duras condiciones para poderlos separar de la sociedad y que no continúen haciendo daño a nuestro país», expresó.
Bertrand también cuestionó que los organismos internacionales emitan pronunciamientos cuando los gobiernos adoptan medidas más severas contra las estructuras delictivas.
«Yo me pregunto por qué cada vez que un país se toma determinaciones de recrudecer la lucha contra estas bandas criminales, aparecen estos comunicados», señaló.
En ese contexto, el congresista preguntó por qué no hubo pronunciamientos similares ante episodios de violencia registrados en la colonia Villanueva, donde, según sus declaraciones, personas fueron sacadas violentamente de sus viviendas.
Asimismo, recordó los asesinatos de conductores del transporte público que, de acuerdo con lo señalado por el diputado, fueron víctimas de estructuras criminales por negarse a pagar extorsiones.
«¿Por qué no sacaron estos comunicados cuando murieron centenares de conductores de autobuses asesinados por este grupo criminal y por no pagar extorsión?», cuestionó.
Las declaraciones de Bertrand se producen en medio de la controversia por las recientes reformas penales y las advertencias de la OACNUDH sobre sus posibles consecuencias para los derechos humanos, las garantías judiciales y la protección de la población.
Pese a los cuestionamientos internacionales, el diputado dejó clara su postura: el Estado debe mantener las medidas contra las estructuras criminales y, según insistió, no retroceder en su propósito de combatir la violencia y la extorsión.
