• La organización señala falta de liquidación y trazabilidad de fondos y llevará la documentación al Ministerio Público para que determine posibles responsabilidades.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
Más de L1,837 millones destinados a becas, bonos, alimentos, obras sociales y otras ayudas quedaron bajo la lupa de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que denunció este miércoles presuntas irregularidades en el manejo de recursos gestionados por diputados del Congreso Nacional entre 2023 y 2025.
Según el informe presentado por la organización, durante ese período el Congreso canalizó L1,837,349,701.14 del denominado Fondo de Administración Solidaria mediante una partida presupuestaria que, a criterio de ASJ, operó con insuficientes mecanismos de transparencia, control, liquidación y rendición de cuentas.
Entre los diputados señalados por ASJ figuran Hugo Noé Pino, Rasel Tomé, Fabricio Sandoval, Mauricio Rivera, Oved López, Isis Cuéllar, Bartolo Fuentes, Andrés Castro y Pablo Ramón Soto, entre otros parlamentarios del partido Libertad y Refundación (Libre).
La organización sostiene que, aunque instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) aparecían como responsables de ejecutar los fondos, en la práctica eran diputados propietarios y suplentes quienes presentaban proyectos, solicitaban beneficios y gestionaban su entrega en las comunidades.
Un fondo de hasta L950 millones al año
El Fondo de Administración Solidaria fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales del Presupuesto, que autorizaron al Congreso Nacional a asignar hasta L950 millones anuales a siete instituciones para financiar becas, obras sociales e infraestructura menor.
Posteriormente, en 2025, se incorporaron nuevas categorías, entre ellas cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos.
El año con mayor movimiento de recursos fue 2024, cuando, según ASJ, se ejecutaron alrededor de L898.5 millones a través de SEDESOL, FHIS y SGJD.
Sin embargo, uno de los principales hallazgos de la organización está relacionado con la falta de liquidación de los recursos.
ASJ asegura que las instituciones ejecutoras no han remitido a los organismos de control la totalidad de los informes de liquidación exigidos por ley. Además, señala que SEDESOL reconoció ante la organización que todavía no ha liquidado fondos correspondientes al período 2023-2025 y que tampoco tiene claridad sobre el procedimiento que debía seguir para hacerlo.
Solo 37 % de los cupones habría sido liquidado
El informe también pone especial atención sobre los recursos destinados a cupones y certificados alimenticios.
De acuerdo con ASJ, durante el período investigado fueron canjeados más de L187 millones en este tipo de ayudas, pero únicamente alrededor del 37 % habría sido liquidado.
Esto significa que, según la información presentada por la organización, la mayor parte de esos recursos permanece sin una trazabilidad completa.
ASJ también identificó que más de L53 millones en cupones fueron entregados mediante la gestión de un grupo de 26 diputados, todos pertenecientes a Libre.
Beneficiarios niegan haber recibido ayudas
La investigación no se limitó al análisis documental. ASJ realizó verificaciones aleatorias para comprobar la identidad y situación de algunas personas que aparecían como beneficiarias.
Según Carlos Hernández, director de ASJ, varios de los ciudadanos consultados manifestaron no haber recibido las becas, ayudas económicas u otros beneficios que aparecían vinculados a sus nombres.
Entre los casos revisados se encuentran supuestas ayudas para estudios, emprendimientos y adquisición de maquinaria.
Hernández afirmó que algunos beneficiarios aseguraron que nunca recibieron los recursos y que, en determinados casos, las actividades o proyectos para los cuales presuntamente estaban destinados los fondos ni siquiera existían.
“Si no hay liquidaciones, eso es una irregularidad. ¿Por qué no liquidaron? Eso es lo que nos tiene que responder el Ministerio Público”, cuestionó el director de ASJ.
El informe llegará al Ministerio Público
Ante estos hallazgos, ASJ anunció que este miércoles entregaría al Ministerio Público la documentación recopilada para que se investigue el destino de los recursos y se determine si existen responsabilidades administrativas o penales.
Hernández explicó que la información fue obtenida mediante los mecanismos legales correspondientes y que corresponde ahora a las autoridades verificar los señalamientos, establecer responsabilidades y determinar si se cometieron delitos.
El director de ASJ también adelantó que la organización posee un listado de los principales gestores de estos recursos y que posteriormente podría divulgar un “top 20” de los diputados que más fondos gestionaron.
Para Hernández, el problema trasciende a un período específico y forma parte de una práctica que ASJ ha venido documentando durante más de una década: el uso político de recursos destinados a programas sociales.
A su juicio, la asistencia pública pierde su propósito cuando los fondos son utilizados como una herramienta de gestión política o para obtener beneficios particulares.
“La política debería ser para hacer el bien. Es el arte y la ciencia de ejercer el poder para hacerlo bien. El problema aquí es que se ha corrompido, lamentablemente, porque se usa para traficar y para beneficios”, manifestó.
ASJ pidió al Ministerio Público abrir una investigación y esclarecer el destino de los L1,837 millones, mientras los diputados e instituciones mencionados podrán presentar sus explicaciones y documentación correspondiente.
Por ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia que deberá ser verificada por las autoridades competentes, que tendrán la responsabilidad de establecer si existieron irregularidades y, de ser así, quiénes serían responsables por el manejo de los fondos públicos.
