“La gente está entre pagar servicios o comprar comida”: sector obrero presiona por ajuste al salario mínimo

  • Más de medio millón de trabajadores esperan incremento de hasta 8%, mientras el alza en combustibles y costos básicos golpea el poder adquisitivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. –

El dirigente obrero José Luis Baquedano lanzó una advertencia sobre el deterioro de la economía familiar en Honduras, al señalar que miles de trabajadores enfrentan una disyuntiva crítica: cubrir sus servicios básicos o garantizar la alimentación en sus hogares.

“La gente está entre pagar servicios o comprar comida”, expresó, al describir el impacto del encarecimiento de la vida en los sectores más vulnerables.

Presión por ajuste salarial

Baquedano afirmó que más de medio millón de trabajadores se mantienen a la espera de la definición del nuevo salario mínimo, un proceso que —según dijo— no puede seguir retrasándose.

“No se puede seguir postergando este proceso y si no hay consenso debe pasar al Ejecutivo”, advirtió, al referirse a las negociaciones que aún no logran un acuerdo entre los distintos sectores.

La propuesta del sector obrero plantea un incremento que oscila entre el 6% y el 8%, cifras que consideran viables y necesarias para aliviar la presión económica sobre la clase trabajadora.

Impacto del alza en costos

El dirigente explicó que el aumento en los precios de combustibles ha generado un efecto en cadena que termina trasladándose a los bienes y servicios, reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Los costos se trasladan a los bienes y servicios y el trabajador gasta más y consume menos”, detalló.

Este escenario, añadió, profundiza la precariedad económica y limita la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades básicas.

Un alivio urgente

Para el sector obrero, el ajuste salarial no solo es una demanda histórica, sino una medida urgente ante el incremento sostenido del costo de vida.

“Son porcentajes accesibles que darían un alivio”, concluyó Baquedano, al insistir en que la falta de una decisión oportuna podría agravar aún más la situación de cientos de miles de trabajadores en el país.

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