TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, exigió este fin de semana que el reciente escándalo conocido como el “chequevideo”, que involucra a miembros del partido Libertad y Refundación (Libre), sea investigado con el mismo rigor con que se juzgaron los actos de corrupción de gobiernos anteriores.
“Así como se midió a las pasadas administraciones, este caso también debe ser investigado. La justicia tiene que ser igual para todos”, declaró el exalcalde capitalino, marcando distancia del tono de confrontación política para centrar el debate en la necesidad de transparencia.
El caso al que se refiere Asfura surgió esta semana tras la filtración de un video en el que se escucha a la diputada de Libre por Copán, Isis Cuéllar, en una conversación telefónica con el ahora exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona.
En la grabación se habla del presunto uso de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para fines políticos en el occidente del país.
El impacto del video fue tal que Cardona presentó su renuncia durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el viernes, en un intento por contener el daño político a la imagen del gobierno y del partido en el poder.
Para Asfura, este tipo de hechos no pueden quedar impunes, y recordó que en su momento las gestiones nacionalistas fueron duramente señaladas y enjuiciadas por presuntos actos de corrupción.
“No quiero entrar en el plano de la persecución política, pero el país necesita justicia pareja”, recalcó.
El escándalo ha reavivado críticas hacia el oficialismo, que llegó al poder con una fuerte bandera anticorrupción y que hoy, según analistas, enfrenta los mismos cuestionamientos que usó para deslegitimar a sus predecesores.
“El gobierno de Libre prometió transparencia, pero este caso refleja que el poder también corrompe cuando no se controla”, señaló un analista político, quien añadió que la reacción del oficialismo ha sido tímida y más enfocada en la contención del daño que en esclarecer los hechos.
La sociedad civil y sectores independientes han exigido una investigación profunda y sanciones ejemplares si se confirma el uso indebido de recursos del Estado para campañas electorales, lo cual sería una violación directa de la ley y de los principios democráticos.
